Tras la declaración de Alejandro Burzaco como arrepentido ante la Justicia de Estados Unidos, el fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá este viernes la citación a declaración indagatoria, inhibición de bienes y prohibición de salida del país de 19 personas entre las que figuran el propio Burzaco, de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina; de los ex coordinadores de Fútbol para Todos Gabriel Mariotto y Pablo Paladino.
También pidió indagar a los directivos de TyC, Burzaco, Juan Manuel Ripoll, Leonardo Ellemberg y Alberto Pomato.
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Pollicita aludió a la «existencia de una maniobra delictiva llevada adelante en el marco de las contrataciones entre funcionarios del Estado Nacional y la empresa ‘Torneos y Competencias SA» para ocho torneos entre 2011 y 2013 por un total de 33.050.000 dólares que el Estado Nacional «fue abusivamente obligado» a pagar.
El fiscal ya firmó su dictamen pero llegará recién este viernes al juzgado del juez federal Daniel Rafecas por el asueto por el día del empleado del Poder Judicial.
El pedido de Pollicita se conoce después de las declaraciones, ante la Fiscalía de Nueva York, de Burzaco -ex CEO de Torneos y Competencias- quien reveló ante la justicia que su empresa, la brasileña Globo y la mexicana Televisa acordaron «repartir la carga» para pagarle a Julio Grondona, el extinto presidente de la AFA, una coima de 15 millones de dólares para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030.
«Puede afirmarse, con el grado de certeza requerida en esta etapa, que las contrataciones llevadas a cabo por el Estado Nacional resultaron arbitrarias en tanto por un lado excedieron los objetivos del Programa Fútbol para Todos y de la normativa que fundó las mismas y por otro, se violó normativa específica que regulaba el modo de contratación», advirtió el fiscal Pollicita.
Además, se sostuvo que el Estado Nacional «se desprendió de cuantiosas sumas de dinero a los fines de adquirir los derechos televisivos detallados por un precio superior al de su valor de mercado».
Los entonces jefe de Gabinete Fernández y Abal Medina «obligaron al Estado Nacional a adquirir en forma antojadiza los derechos en cuestión, excediendo claramente la normativa en la que fundaron su obtención».
Para Pollicita, los ex funcionarios «obligaron al Estado Nacional en forma abusiva a los fines de adquirir derechos de televisación de diversos torneos de fútbol y, a su vez, abonaron por los mismos sumas que exceden ampliamente su precio de mercado».
