El fiscal de Estado jujeño sostuvo que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU «ha incurrido en un error en el que fue inducido por la manipulación y direccionamiento de la información que han efectuado los peticionantes en sus informes», al pedir la libertad de Milagro Sala.
La afirmación está contenida en un documento divulgado por el fiscal Mariano Miranda, al exponer a la prensa sobre los elementos aportados por el gobierno provincial a la información que la Argentina envió al GTDA, que semanas atrás solicitó la «inmediata libertad» de Sala por considerarla «arbitraria».
«Luego de un análisis detallado de las observaciones y fundamentos del GTDA dimos nuestra devolución, que se basa fundamentalmente en actualizar las causas judiciales que investigan a Milagro Sala, que entendíamos que a lo mejor no estaban todas a la vista en el GTDA el momento de emitir la opinión», señaló Miranda.
Sobre el encarcelamiento de Sala, sostuvo que «no se está en presencia de una detención arbitraria» y que «se arrimaron elementos indicando que la acusada no posee fueros parlamentarios» como diputada electa del Parlasur.
Además, el gobierno provincial sumó un «análisis de la prisión preventiva dictada (a Sala) por el juez de la causa considerando que el mismo cumple con los estándares internacionales de derechos humanos».
La documentación enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprende informes elaborados por el gobierno de Jujuy a través de la Fiscalía de Estado, el Ministerio Público de acusación y el Superior Tribunal de Justicia, además de informes de la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El informe del Ejecutivo provincial señala que para el GTDA Sala fue incriminada básicamente por instigación, tumulto, entorpecer la circulación y sedición por el acampe, y en consecuencia privada de la libertad el pasado 16 de enero, además de estar acusada de ser «jefa de una asociación Ilícita y coautora de extorsión y fraude contra la administración pública».
Al respecto, indica que Sala se encuentra investigada además en al menos otras seis causas penales, «cuatro de ellas radicadas ante la justicia provincial y dos en el fuero federal».
Entre ellos, las caratuladas «Tentativa de homicidio agravada por promesa remuneratoria y determinación directa», «Lesiones gravísimas» y «Amenazas, dos hechos en concurso real».
También, en el expediente por «Amenazas y Daños agravados» contra el entonces senador y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y otro en el mismo fuero por «Enriquecimiento Ilícito, Evasión Fiscal».
Sobre la detención, el informe del gobierno provincial asegura que la dirigente social «se encuentra privada de su libertad con motivo de una medida cautelar de prisión preventiva dictada en el marco de la causa penal por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública».
Por otra parte, el presidente del Parlasur, Jorge Taiana, y el vicepresidente por Uruguay, Daniel Caggiani, encabezarán una delegación del órgano legislativo del Mercosur que visitará este sábado a Sala en la cárcel de mujeres de Alto Comedero, en la capital jujeña, para expresarle su «acompañamiento a la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU».