El 27 de julio, un decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, en ejercicio de la presidencia ante la ausencia de Mauricio Macri, recortó más de un 50% las asignaciones familiares para niños que viven en zonas diferenciales como la Patagonia y el norte del país, donde el beneficio que recibían era de casi el doble.
La medida generó ola de reclamos y demandas judiciales y días después, el Ministerio de Trabajo, hoy secretaria, suspendió por 30 días la aplicación de la medida para “evaluar el alcance”.
Casi un mes y medio después, el gobierno decidió dar marcha atrás con otro decreto, esta vez firmado por Macri.
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A través del decreto 856 publicado con fecha de este lunes, el gobierno dejó sin efecto el artículo 10º del decreto 702 y restituyó la vigencia de los artículos 8° y 9° del decreto original, el 1245 de 1996.
«Con motivo de diversos planteos y observaciones provenientes de sectores de la sociedad se impuso -previo a su implementación- la necesidad de efectuar un pormenorizado análisis de la cuestión», destacó el texto.
Sin embargo, sí se mantendrán los nuevos topes máximos para cobrar las asignaciones: bajó de 94.786 a 83.917 el ingreso máximo del grupo familiar o el ingreso individual de 41.959 de uno de los integrantes de la familia.
