Los chats filtrados por el hackeo del teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, con textos y audios sostenidos en un grupo de Telegram apodado “Operación Página|12” que D´Alessandro integraba con figuras gerenciales del Grupo Clarín como Jorge Rendo y Pablo Casey, jueces federales como Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques, el jefe de los fiscales porteños, Juan Mahiques y dos ex servicios de inteligencia del Estado, habilitan múltiples lecturas. El mayor grupo de medios y telecomunicaciones coludido con representantes de una de las principales fuerzas políticas y jueces federales exhibe los vínculos íntimos entre la excesiva concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la alta política.
Como dice Maxwell McCombs, fundador de la teoría de la “Agenda Setting” (establecimiento de agenda), “la capacidad para influir en la relevancia de las cuestiones del repertorio público se ha dado en llamar la fijación de agenda por parte de los medios informativos”. La influencia es mayor en la medida en que la unificación de criterios para asignar o restar relevancia a un tema sea eficaz –lo que requiere coordinación- y que haya más recursos desplegados en esa operación –lo que requiere poder-.
El estatus de los protagonistas del grupo de chat es, en tal sentido, una garantía. Rendo y Casey, que habrían operado como anfitriones de un viaje al Lago Escondido de esos altos funcionarios judiciales y políticos, son dos de los generales de la fuerza comandada por Héctor Magnetto, cuya descripción hemos realizado en una investigación coordinada por Tiempo Argentino y Reporteros Sin Fronteras sobre la estructura del sistema de medios del país, llamada “Monitoreo de la Propiedad de Medios”. Los demás integrantes desempeñan cargos relevantes como servidores públicos.
El caso aporta evidencia empírica sobre el poder de agenda y la incidencia política de los medios concentrados, saldando una discusión en la que los voceros políticos, académicos y periodísticos de grandes conglomerados mediáticos han intervenido desde posiciones de privilegio. ¿Hasta qué punto la concentración mediática influye en la línea editorial de medios de un conglomerado con posición dominante, cómo disciplina a gran parte de empresas periodísticas con otros dueños y qué efectos tiene en la élite política y económica? La pregunta es respondida de modo contundente por los protagonistas de este escándalo en su chat.
En efecto, los audios y textos hackeados insisten en asegurarse el silencio de Infobae, el medio digital con mayor tráfico de la Argentina, así como en planificar lo que podría ser una contraofensiva en defensa de los involucrados tercerizando la labor en columnistas del diario La Nación, que está asociado a Clarín y al propio Estado Nacional en la única proveedora de papel para periódicos, Papel Prensa S.A. Jueces, políticos y directivos de Clarín se afanaron también a especular sobre las repercusiones en la pantalla de la señal C5N, de línea oficialista (y, por lo tanto, alejada de las posiciones de los miembros del grupo). A tal punto llega la preocupación por las repercusiones del anticipo que dieron los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser en Página|12 (de allí el nombre del grupo de Telegram) que dedican varios chats a fijar postura sobre los pedidos de entrevista que les cursaba Ari Lijalad, periodista de El Destape, a quien en una exhibición de ignorancia llaman “árabe”.
Durante más de 36 horas todos los medios de los grupos Clarín, La Nación e Infobae privaban a sus audiencias de información sobre el tema. El disciplinamiento que este silencio provocaba en otros medios y en periodistas que temen contrariar a los directivos de las empresas comerciales más importantes en un ambiente de precarización e inestabilidad laboral, es palpable. Pocos medios no alineados con los multimedios más poderosos, como Perfil, eldiarioAR o Tiempo Argentino, cubrieron desde ayer un caso que reviste, a todas luces, interés público. Recién después de la cadena nacional que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes después del mediodía (quienes habrían participado del viaje “contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos”), Infobae y La Nación informaron sobre las palabras del primer mandatario, quien quebró así el “silenzio stampa” que habían adoptado corporativamente en sintonía con Clarín.
De acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos (con rango constitucional en la Argentina), la concentración excesiva de la propiedad de medios es una restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios fallos, y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación al desestimar en 2013 la demanda del Grupo Clarín contra la ley audiovisual, han sido claras respecto de la necesidad de arbitrar políticas que atenúen el impacto de la concentración excesiva de la propiedad de medios.
Tanto los estándares internacionales como las sentencias judiciales protectoras de la libertad de expresión hablan del control de la agenda y del poder de lobby que pueden ejercer tanto los gobiernos como conglomerados privados y que puede ser dañino para la sociedad en la medida en que restrinjan la circulación amplia de opiniones y perspectivas diversas.
Como observó el consultor Juan Courel, además del “miedo disfrazado de subestimación que le ocasionan los medios y periodistas no hegemónicos”, el contenido de los chats muestra que “para instalar temas y versiones que se vuelvan verosímiles, además de tener varios medios potentes, hace falta coordinación y clearing informativo. Se mantienen actualizados minuto a minuto”.
El disciplinamiento visible en el ambiente de medios comerciales para restarle importancia al caso se combina con dos imposturas cínicas también desplegadas por conductores de medios y líderes de opinión: por un lado, la de quienes afirman que esto no sorprende porque para ellos documentar la impúdica relación entre gerentes de un conglomerado de medios con notorios jueces federales y altos cargos políticos a cargo de la seguridad de la ciudad capital del país no agrega ningún elemento; por otro lado, la de quienes sostienen que desde los tiempos de la Jabonería de Hipólito Vieytes la confabulación entre políticos, periodistas y elementos judiciales es inherente a la dinámica de actores estatales y privados en estas tierras. En ambos casos el efecto buscado es neutralizar la importancia de esta revelación, que es lo que obsesiona al grupo de Telegram al que son funcionales.
