La reacción de la comunidad audiovisual ante la operación mediática que llevó a la expulsión de Alejandro Cacetta del INCAA provocó en la sociedad y el gobierno reacciones en cadena. El jefe de gabinete Marcos Peña, por un lado, posteó un texto en el que pretende llevar tranquilidad al sector donde segura que no se cambiará la ley de Cine ni las normativas que establecen la financiación del instituto, clave para el desarrollo de esa industria.  sin embargo otro Peña, Fernando Martín, un reconocido crítico, coleccionista, divulgador cinematográfico y ex director del BAFICI, escribió en su muro de Facebook un esclarecedor texto en que alerta sobre las consecuencias del plan de convergencia que podría producir los mismos resultados que el temido cambio de la ley pero sin tocarle una coma a la actual legislación.

En tal sentido Fernando M. Peña señaló que el tuit de su tocayo esconde precisamente esa cuestión de fondo, ya que no permite creer que las empresas que ahora aportan no terminen escabullendo su responsabilidad fiscal con un simple cambio de rubro en sus actividades. «La reacción de la comunidad audiovisual -dice FMP-está justificada por la cuestión de la «convergencia» porque efectivamente es algo que se conoce poco, que está sucediendo y se está regulando y en ese proceso las empresas que hoy pagan al Enacom el canon que alimenta al cine argentino -pero también al teatro y a la música- podría dejar de pagarlo mediante el simple trámite de cambiar de rubro aunque en la práctica se dediquen a lo mismo».

FMP agrega luego que «tampoco resulta muy tranquilizador el respaldo del presidente Macri a la actuación de su ministro Avellutto porque ese respaldo se expresó con una frase que naturaliza una vez más la persecución ideológica (Cacetta «no quiso enfrentar a la segundas líneas, que son kirchneristas»)». 

También sostiene que «la reacción (de los actores y directores) está justificada por varias cosas, empezando por el modo en que Cacetta y Rovito fueron salpicados con acusaciones de corrupción desde un medio masivo, una práctica deleznable que en los últimos años aparece naturalizada de manera alarmante en varios frentes. Ya no hace falta, como me enseñaron de chico, probar una acusación sino que basta con formularla enfáticamente para que el acusado sea juzgado y hasta castigado, todo de manera apócrifa pero muy concreta para el perjudicado. Para mejorar su credibilidad, el ministro Avellutto podría haber por lo menos condenado esa práctica, que es indeseable en cualquier contexto político. No lo hizo y tampoco lo hizo Ralph Haiek, que compartió con Cacetta las responsabilidades de su gestión y sin embargo resultó premiado con la confianza del ministro, lo que es por lo menos contradictorio salvo que Haiek tuviese grandes diferencias con Cacetta que hasta ahora no se divulgaron». 

Finalmente advierte que las entidades que representan a los trabajadores audiovisuales «harán bien en estar unidas y mantenerse atentas a que un cambio sutil de función (por ejemplo, «transmisión de datos» en lugar del ahora vetusto «radioteledifusión») no deje a las empresas fuera del gravamen. Esa maniobra no necesita cambiar la ley de cine sino sólo dejarla como está, que es justamente lo que promete el oficialismo». 

Agrega FMP que «no hace falta ser kirchnerista para advertir que este gobierno es favorable a la eliminación de retenciones, impuestos y costos a los grandes grupos económicos» y considera que si «todos los que reaccionamos estuviésemos equivocados y hubiésemos sobreactuado la reacción, no sería realmente más grave que la sobreactuación del grupo Clarín cuando para combatir a la Ley de Medios decía cosas como «TN puede desaparecer» cuando lo que desapareció en cambio fue la Ley de Medios. De ella sólo quedan en pie los gravámenes a las empresas de radioteledifusión porque todavía no se pueden hacer reformas impositivas por DNU. Es gracias a esa tenue circunstancia que hoy sigue existiendo un cine argentino».