«Los intentos de reforma judicial fracasan recurrentemente porque apuntan a cambiar leyes, pero no trabajan sobre la subjetividad de los trabajadores judiciales. No conozco proyectos cuyo núcleo sean las personas que hacen diariamente la Justicia. Es más, ni siquiera se los consulta y así, la historia se repite», advierte el fiscal federal Federico Delgado en República de la Impunidad, su tercer libro. Fue publicado por el sello Ariel, de Editorial Paidós, en plena cuarentena, y desarrolla un trabajo político y antropológico sobre las miserias, trampas y virtudes del sistema judicial argentino, que el entrevistado integra hace tres décadas. El trabajo retrata los calambres culturales más dramáticos y menos mencionados del fuero federal. Describe a los actores más perniciosos de la Justicia, como el juez «rockstar» o el «datero», que trafica información con la prensa para cobrar notoriedad. En sus páginas se puede conocer la trastienda política del armado de causas, el caso de los «perejiles» que son detenidos y la enorme capacidad que tienen los jueces para acomodarse con el poder de turno. Gran parte de esas características estructurales se pondrán en juego con la reforma judicial que el presidente Alberto Fernández envió esta semana al Congreso. En diálogo con Tiempo, Delgado analiza el texto desde el prisma de su obra. Se muestra abierto a analizar cambios en la Corte y reconoce que una parte de los cambios ya comenzó con la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), junto al decreto que le impide auxiliar a la Justicia.

–Usted se ha mostrado escéptico de los intentos de reforma judicial de los últimos 15 años. ¿En qué se diferencia este nuevo proyecto de los fracasos anteriores?

–Yo diría que uno puede pensar la reforma en un afuera y un adentro. Lo que está haciendo el presidente es reformar el afuera, y es importante. Porque aunque parezca un cambio del organigrama, y por eso hace tanto ruido, estás discutiendo poder. El proyecto reparte el poder político de la Justicia, primero entre muchos más jueces y después entre jueces y fiscales. Apunta a aplicar la ley que suspendió Macri por decreto. Me parece que el segundo momento va a ser la reforma desde adentro, pero eso no se lo podemos pedir al presidente, no podemos ser injustos.

–¿Cuál es la reforma de adentro a la que se refiere?

–A la que tienen que hacer la Corte y el Poder Judicial. No le podemos pedir a ningún diputado, senador, ministro, presidente, que haga una reforma con lo que tiene que ver con las cuestiones interiores de la Justicia. Ahí, la Justicia sabe. Venimos en un tobogán cada vez peor y hay que aprovechar la experiencia de lo malo para hacer lo bueno.

–¿Cómo se debería hacer esa segunda reforma?

–Los judiciales tenemos una capacidad muy loca, que es poder torcer las leyes: no cumplirlas pero tampoco incumplirlas, torcerlas. Es hacerle decir a una pizza que es una sopa. Entonces, ahí hay que trabajar, porque el sistema judicial argentino no tiene plan B. Da por sentado que todos van a ser leales a la Constitución, pero no hay plan B para los pícaros.

–¿Qué hacer con ellos dentro de la Justicia?

–Hay que construir incentivos institucionales para castigar a los malos y premiar a los buenos. Esto parece abstracto pero no es abstracto. Esto es castigar al que no cumple plazos, al que trabaja poco, al que en vez de pedir un informe a un empresario a las 3 de la tarde le allana la oficina a la hora del prime time. Hay que trabajar la dimensión moral porque las leyes no hacen milagros.

–Precisamente, ese tema está en el proyecto. Plantea que no se pueden presentar a las eventuales subrogancias aquellos jueces que hayan incumplido plazos, pero no define cuáles. ¿Cree que ese bache es para abrir una negociación en el Congreso con la oposición?

–No se cómo será la negociación. El tema de los plazos está en todas las leyes. Lo que hay que hacer es sujetar la Justicia de nuevo a la Constitución. La vida pública argentina requiere eso; tiene desafíos por arriba de los que tienen demasiado dinero y poder, y por abajo de gente que no tiene para comer.

–El texto establece un mecanismo de subrogancias para cubrir provisoriamente los futuros cargos vacantes y no aplica la ley de subrogancias vigente desde 2017. ¿Está de acuerdo?

–Es una parte muy controvertida del proyecto, sobre todo porque tuvimos experiencias muy malas con eso.

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–¿Cómo se podría resolver para evitar una negativa cerrada de la oposición?

–Quizás se puede arreglar diciendo que el señor que va a ser subrogante no puede concursar, entonces aventamos ese tipo de sospechas. Un juez subrogante siempre es más vulnerable y tenemos experiencias horribles en ese sentido. El que quiere ser subrogante que no pueda concursar. Y si no, convoquemos jueces jubilados, que vuelvan a trabajar otra vez. Aparte, están mejor que nunca y son los más independientes porque no tienen nada que perder.

–La reforma implicará el comienzo de una serie de concursos. ¿Debería incluir cambios para mejorar y transparentar la selección de los futuros jueces para evitar el «forum shopping»?

–O hacemos concursos y gana el que más escribió y estudió o los sinceramos. Por eso recomiendo el libro de mi amigo Pablo Slonimsqui (NdeR: autor de Forum Shopping Reloaded, claves para entender la manipulación judicial), que cuenta cosas maravillosas de lo que pasa con los concursos. Pero terminemos con la historia de que el que quedó primero pasa a ser el décimo y el último queda primero. Porque hay una entrevista previa que define eso y no tiene que ver con los resultados sino con que algún amigo les dio una mano.

–¿Era necesario que el presidente presentara la reforma judicial junto a la creación del comité de juristas para analizar cambios en la Corte Suprema?

–No soy político, no entiendo bien de eso. Lo que sí sé es que cuando tenés problemas en la vida, tenés que enfrentarlos. No sé si hay un momento ideal. Lo de la Corte en definitiva es una comisión y no es más que eso. No sé qué hará la comisión. Sé que se armó un poco de revuelvo alrededor de Beraldi, pero salvo él y Arslanian, no conozco mucho a la gente que integra la comisión.

–¿Qué temas debería tener en cuenta esa comisión?

-El secreto de la Corte Suprema es que nadie sabe bien cómo funciona. Conozco mucha gente que pasó por la Corte, muchísima, que se fue angustiada y triste, que quiso cambiar cosas y no pudo. Y por ahí la comisión es un buen lugar para que un montón de personas que tienen ganas de trabajar encuentren un lugar para contar ideas. Es simplemente una comisión y hay que ver de qué forma decide trabajar en múltiples planos, pero en el plano de recoger experiencias, quizás sería un plano más aburrido, pero muy rico, porque cualquiera de nosotros cuando se manda tres o cuatro macanas, después se pone a analizar qué hizo para no volver a repetirlas.

-¿Por qué para usted es tan importante que el Congreso tenga presente la opinión de los trabajadores judiciales para avanzar en la reforma?

-Porque son los que de verdad conocen la hechura de los procesos. Y en esa hechura están los aciertos y los errores. Me parece que sería bueno que hablen con esa gente. Es una opinión mía, pero siempre quedo en minoría. Es como en un medio o en un diario. No importa tanto el dueño, porque el dueño podrá bajar una línea, pero el que hace el diario es el laburante. Sin articular eso es muy difícil.

-El radicalismo dice que la reforma multiplica cargos, aunque el texto plantea una serie de fusiones. Del fuero federal con el correccional de la capital, del comercial y civil con el contencioso y administrativo, entre otros. ¿Qué opina sobre esas unificaciones?

-Era una locura que existan tantas cosas distintas para cosas que son parecidas. Eso va a terminar y va a traer ruido porque  termina también con un gran «negocio». Había un gran artilugio, sobre todo con lo que tiene que ver con la división del contencioso administrativo, civil y comercial. Era un gran «negocio» para muchos abogados que juegan a lo que yo llamo la calesita judicial.

-¿A qué le llama «calesita judicial»?

-En esos fueros lo que se define es la relación patrimonial de las empresas o de las personas con el Estado, entonces qué es civil, qué es contencioso y qué es comercial, a veces lleva años y esos años significa ganar tiempo y con el tiempo pasan muchas cosas. A mí me parece bien que eso se haya sincerado. Es igual con la fusión del fuero penal económico con el federal. El gran secreto es multiplicar el poder y subordinar la vida a la ley. Si en vez de doce o veinte tipos hay 46, es mejor para todos los ciudadanos porque quiere decir que ninguno tiene la posibilidad de hacer alianzas o ponerse de acuerdo y ser desleal con la Constitución.

-Apenas asumió el presidente dispuso la intervención de la AFI. Nombró a la fiscal Cristina Caamaño al frente y anuló el artículo de la Ley de Inteligencia que le permitía a los espías ser auxiliares de la Justicia. ¿Cree que esta reforma se podría haber presentado sin ese antecedente?

-No. Me parece que parte de la reforma era eso y es algo que paso desapercibido para el gran público. Como buena fiscal que es, Caamaño sabía por donde se cuela la cola del diablo. ¿Cual es el problema de los servicios de inteligencia con la Justicia? Que había una excusa formal que permitía que ingresen a trabajar a las causas. Eso significaba que un panadero trabaje de florista.

-¿Por qué?

-Porque el lenguaje de los servicios de inteligencia es el secreto. Es estar al borde de la ley o fuera de la ley, mientras el lenguaje de los policías es la ley y la Justicia está pensada para que trabaje con los policías. Después veremos cómo hay que mejorar a las policías, porque es otra discusión. Sin embargo había una posibilidad de que los jueces puedan convocar a los servicios de inteligencia para que trabajen de policías. Y esa era la excusa formal que permitía que pudiera pasar cualquier cosa. Y eso lo cortó Caamaño, de una manera que quizás es invisible, que no se conoce, pero de ahora en más si un juez o fiscal trabaja con los servicios no lo puede hacer más de manera legal. Antes se podía empezar de manera legal y por ahí, después, que derive por otros caminos. Ahora no hay chances.

-Pero la Corte no firmó ninguna resolución para aplicar ese decreto a las causas que estaban abiertas antes del decreto.

-Los servicios ya no pueden trabajar más de este modo. La Corte mantiene la oficina de escuchas. En el libro hablo de hacer juicios en nombre de la ley que son profundamente ilegales. Bueno, gran parte de eso se colaba con esa trampita: como la cosa es tan compleja, en vez de que me ayude la policía que lo haga la AFI. Y eso, que puede parecer una zoncera, va a tener un efecto muy interesante porque dentro de cinco o seis años los jóvenes que trabajen en tribunales ni se van a representar la idea de que la AFI haga eso.  «

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