¿Cuáles son las consecuencias inmediatas del fallo de la Corte?
Estos últimos acontecimientos hay que pensarlos desde el lugar de que este gobierno administra el genocidio y no administra una política de Derechos Humanos. Venimos de una historia, por la lucha de los organismos, centrada en los familiares, en los sobrevivientes, pero también en un gran sector social que acompañó. Venimos de un recorrido de más de 40 años que, además, tiene una mirada internacional atenta, desde antes de que se convirtiera en una política pública durante el kirchnerismo. Que el Estado asumiera esa lucha como política pública, generó un acontecimiento social sin precedentes, que se abrochó en el juzgamiento a los responsables de estos crímenes. Algo inédito. Con una justicia ordinaria y no con una extraordinaria. Así el negacionismo le queda chico a la política del macrismo, respecto de lo que ocurrió en la Argentina. Se trata de un gobierno que dijo «30.000 ni idea, te lo debo
», «el curro de los Derechos Humanos», «la cifra se definió en una mesa», se puso en tela de juicio y se denigró a las víctimas respecto de las políticas reparatorias del gobierno anterior que se consolidaron con actos contundentes. Por eso, el proceso de denigrar y profanar la memoria de las víctimas en la Argentina no es sin consecuencias.
¿Como influyó puntualmente en las víctimas?
De una manera inmediata y muy profunda. Trasciende en mucho a la comunidad de las víctimas, aunque a ellos los hirió puntualmente. Hicimos una reunión a los pocos días del fallo, con víctimas, sobrevivientes, familiares y psicoanalistas, porque de inmediato recibimos muchísimos llamados para consultarnos qué se hace con esto, cómo frenar la catarata de situaciones de terror que se generó en muchas familias. Y eso que muchas de ellas no fueron tocadas directamente por terror de Estado. En aquellos años, la sociedad toda convivió con el terror cotidiano, aunque mucho después continuó diciendo «yo no sabía, yo no lo ví». Ahora estamos todos tocados por esa ley, por la sola posibilidad de que se vuelvan a lanzar a la calle los genocidas y que convivan con el que todavía busca a sus desaparecidos, a sus nietos apropiados
No se les puede decir, como dijeron, que es en nombre de la convivencia. Al contrario: en esas condiciones, el país se vuelve invivible.
¿Ese fallo tendía a banalizar el testimonio de los testigos?
Buscó consenso social para trabajar sobre la memoria de lo ocurrido. Ponía en tela de juicio la validez de los testimonios. Cuando decante todo, hay que medir el efecto. Fue tan contundente la reacción, tan acompañada por un gran sector de la sociedad.
En plena época de los juicios dijiste que 30/40 años después de la dictadura «ya no se trata de demostrar los hechos sino de producir un sentido de lo ocurrido».
Entonces decíamos que no era necesario que los testigos se presentaran sólo para convertirse en la prueba descriptiva de los hechos, porque ya estaba probado el genocidio y el terrorismo de Estado. El objetivo de esas declaraciones era encontrar un sentido que se construye socialmente. Aun cuando los argumentos de las defensas apuntó a desprestigiar la validez de los testimonios: que habían pasado tantos años, que la memoria no es creíble, que los testigos inventaban
Le contraponíamos que no se apela a cualquier memoria, sino a una memoria traumática y que es imposible olvidar. Son hechos que responden a un tiempo lógico y no cronológico. Un tiempo lógico, instalado en el consciente de quien lo vivió y también en la sociedad. Eso se actualiza ante cualquier fecha, como la del 24 de Marzo, y también ante un fallo como este. Por eso, este fallo, que tocó un punto como es la impunidad, actualiza todo lo ocurrido. Fue un fallo fallido. Y no puede ser un fallo sin consecuencias. Me parece que no calcularon lo que significaba tocar lo sacro de una sociedad que son sus víctimas, sus muertos y sus desaparecidos.
El gobierno trató burdamente de despegarse
Una locura. Terminaron diciendo que era un fallo atroz. Una vuelta de cinismo tan importante que descoloca. ¿Acaso hay una maniobra en la que el gobierno intenta designar por decreto a los jueces para que lleven adelante este trabajo sucio y ellos no tienen nada que ver?
¿Se puede comparar este episodio con las leyes de amnistía o punto final?
Es un acto de impunidad en nombre de la Justicia y nos retrotrae a esos episodios. La diferencia, que es lo que produjo una respuesta más virulenta, es que hubo un proceso previo de justicia en todo el país. Hubo más de 180 juicios. Transitaron por los estrados judiciales, miles y miles de víctimas.
¿Cómo se trabaja hoy en Derechos Humanos en este Estado macrista?
Cómo acompañar políticas de Derechos Humanos en nombre de un Estado negacionista y antidemocrático. Por ejemplo, el Centro Ulloa, que fundé con Eduardo Luis Duhalde: hay una intención permanente de hacerlo extensivo a cualquier tipo de víctimas, de delitos comunes, accidentes de tránsito, y otros, que están atravesados por otra problemática. Son otras las consecuencias y otras las prácticas. Ya lo dijo este gobierno cuando planteó la justificación por el cambio de prólogo en el Nunca Más y se volvió al de los dos demonios: nos vamos a ocupar de las víctimas despolitizadas. Apuntan a correr el eje Y otra cosa: no cuidan ni los edificios. Por ejemplo, los archivos, en algunos lugares están llenos de ratas. Una metáfora de estos tiempos.
¿Cómo fue trabajar con Eduardo Luis Duhalde?
Venía del campo del Derecho, intelectual, teórico, militante. Fue una experiencia impresionante. El proyecto del Centro Ulloa era más pequeño, yo lo había armado para trabajar la capacitación y transmisión de salud mental en las facultades de todo el país. Fueron dos años de debate. Luego del caso de Julio López, armamos una red del Estado para dar una respuesta protectora. Un trabajo muy arduo. Una vez que muere Eduardo, con su familia encontramos entre sus cosas, un proyecto que había empezado, un libro que tenía planeado escribir conmigo, pero que no había llegado a decírmelo. Tenía los conceptos que quería que yo trabaje, y así lo continué. Quisimos dar cuenta de una instancia del Estado, que no existía. «