El camino y la modalidad se repiten. Las causas por inteligencia ilegal (con agentes orgánicos u outsiders como el falso abogado Marcelo D’Alessio) más tarde o más temprano pasan a Comodoro Py, por impulso de alguno o varios de los imputados e, incluso, por las supuestas víctimas.

Lo llaman “principio del juez natural” pero, en realidad, es algo así como “la mancha”, el viejo juego de niños cuando los participantes tenían un lugar denominado “casa” en el que estaban a salvo y protegidos de cualquier peligro lúdico.

Los jugadores, en este caso, declaman el respeto “al debido proceso y las garantías constitucionales” pero, en rigor, celebran que el expediente llegó a “casa”. Sienten que casi todos los peligros han desaparecido. Festejan el cambio de árbitro para lo que queda por disputar del partido en el que venían perdiendo, en algunos casos por goleada.

La forma en que ocurre no queda reflejada en una foto sino en una secuencia. El primer episodio en el que pasó fue la causa por espionaje ilegal que estalló en los tribunales federales de Lomas de Zamora, en manos del juez Federico Villena. Más allá de los cuestionamientos sobre él (por los que la Cámara Federal de La Plata lo apartó de la investigación), lo cierto es que fue quien recolectó gran parte de la prueba contundente que mostró los seguimientos a políticos (opositores y oficialistas), dirigentes sociales, religiosos, sindicales y presos en las cárceles. Con menos espectacularidad, el juez que le siguió, Juan Pablo Augé, y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, llegaron a casi 40 procesamientos.

Pero, a principios de 2021, la Cámara Federal de Casación, en un fallo firmado por Javier Carbajo y Mariano Borinsky (pese a los cuestionamientos por sus increíbles visitas deportivas al expresidente Mauricio Macri) decidió que pasara a Comodoro Py. Y la investigación se diluyó: la Cámara Federal, en un fallo firmado por Pablo Bertuzzi (quien según la Corte Suprema no debería estar allí pero avaló que continúe) y Mariano Llorens (quien también visitaba a Macri) resolvió que no había tal asociación ilícita para el espionaje ilegal.

La “línea de corte” quedó en la exvicedirectora de la AFI, Silvia Majdalani, y por un delito menor: incumplimiento de los deberes de funcionario público. La consecuencia sobresaliente del fallo es que blindó a Macri a futuro de cualquier imputación en el expediente.

Otra vez, como ya es costumbre en la Justicia argentina para poner a salvo de la cárcel al poder, el argumento podría resumirse en cuatro palabras: el jefe no sabía.

La secuencia se repitió con la investigación por las pillerías del falso abogado Marcelo D’Alessio. Mientras el juez federal Alejo Ramos Padilla se tropezaba a cada paso con nuevas pruebas, varios imputados, entre ellos el fiscal Carlos Stornelli, sostenían que el magistrado de Dolores era incompetente porque la mayoría de los hechos bajo investigación habían ocurrido en la Capital Federal.

Después de casi tres años, la Cámara de Casación les dio la razón. Esta vez, el fallo no fue firmado por Borinsky sino por sus colegas Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi. Los tres pertenecen al sector más conservador del Poder Judicial.

¿Cómo sigue la película? En el horizonte asoma como futura víctima la investigación por espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, que –por ahora- sigue en el juzgado federal de Dolores. Por ahora.

El espionaje ilegal tramitaba en Lomas de Zamora; la Causa D’Alessio, en Dolores. Las dos pasaron a los tribunales de Retiro por sendos fallos de la Casación. El espionaje ilegal virtualmente se pulverizó en Comodoro Py para los personajes importantes pero fue impiadoso con los menos importantes, los “perejiles”.

¿Qué ocurrirá con la Causa D’Alessio? Pocas veces fue tan predecible el futuro de un expediente. «