“No hay ningún indicio de que la Gendarmería haya detenido a Santiago Maldonado”, dijo Patricia Bullrich el 7 de agosto, a seis días del brutal ataque de esa fuerza al poblado mapuche de Cushamen, en Chubut, donde se produjo la desaparición forzada del joven artesano. Una frase, por cierto, autoincriminatoria. Porque tal delito comienza con la privación de la libertad cometida por agentes estatales pero se completa con la falta intencional de información o la negativa a reconocerla por parte de las autoridades. Y esa precisamente es su contribución al asunto.

Hoy, ante la Comisión de Seguridad del Senado, la ministra de Seguridad ratificó con vehemencia, y por momentos a los gritos, la ajenidad de los uniformados en el hecho. Redondeó semejante postura con las siguientes palabras: “Si por presión mediática le tiramos al gendarme una responsabilidad que no está probada, yo sería una mala ministra”.

También defendió a su jefe de gabinete, Pablo Noceti, un ex abogado de genocidas y apologista de la última dictadura, quien dirigió el operativo en el que Maldonado fue visto por última vez. “Noceti es un excelente profesional”, aseguró la ministra.

En su paso por la Cámara Alta, Bullrich hasta puso en duda la presencia del joven en la lof de Cushamen durante la faena represiva. “Si estaba o no –dijo– ni el juez lo sabe; nosotros no lo sabemos porque todas las personas estaban con la cara tapada”.

La señora ministra tampoco se privó de poner en relieve los obstáculos que tuvieron las autoridades a la hora de investigar el asunto, y apuntó contra la familia de Maldonado y la comunidad mapuche. Sobre estos últimos señaló que su falta de colaboración incluía “la negativa a prestar testimonio ante la Justicia”. Por último, casi como al pasar, admitió que ella recién supo sobre la “ausencia” de Maldonado al día siguiente, “porque la denuncia –según dijo– no se hizo en el momento”, instalando así otra vez su idea de que la hipótesis de la “desaparición forzada fue construida” en ese lapso por la familia y los organismos de Derechos Humanos.

Nada más falso. El primer hábeas corpus del caso fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) durante la tarde del 1º de agosto (a horas del secuestro de Santiago) ante el Juzgado Federal de Esquel. Y aquel mismo martes a las 19.10 el defensor oficial Jorge Fernando Machado le tomó declaración en la lof de Cushamen a una pobladora en calidad testigo de los hechos. Su identidad se mantiene en reserva. Ella allí refuta por anticipado y de manera palmaria las justificaciones esgrimidas 15 días después por Bullrich en el Senado.

Tiempo Argentino obtuvo en exclusiva el registro de su testimonio que desde entonces está debidamente incorporado en el expediente.

A continuación, su contenido: “Interrogada sobre los acontecimientos acaecidos en horas de la mañana, expresando que alrededor de las 11.00 hs. Se encontraba junto a su hijo, su hija mayor y su nietito, irrumpiendo personal de Gendarmería (alrededor de 40). Se escuchaban disparos. Es así que entre la confusión llama a los menores para que ingresen a la morada (a la guardia) por los tiros, quedando su hija afuera, se oyen ruidos y gritos de un masculino a lo que la deponente le dice que se calmara que había niños, el masculino ingresó y empujó a su hija, revolvió el lugar, el masculino gritaba e impartía órdenes, diciendo “búsquenlos”, “busquen”, encargándose ella de los niños, parecía que buscaban armas, drogas, buscaban cualquier cosa; y empiezan a prender fuego una carpa con sillas, diferentes muebles y elementos personales cuyos rastros se observan a simple vista, desarmaron otra carpa, la levantaron y quemaron. Que la compareciente protegió a los niños. Que un compa (Santiago Veloso o Peloso –N de la R: aún no se sabía el apellido de la víctima) creyendo que se encuentra detenido, que uno de los integrantes de lof vio cuando lo llevaban detenido. Que los episodios de violencia son frecuentes y los mismos han ocurrido con la presencia de los niños (por lo menos en tres oportunidades) que estos hechos repercuten negativamente en los menores. Es su deseo de que no interrogue a los niños a fin de no reinstalar aspectos traumáticos. Se deja constancia de que teniendo a la vista a los mismos, no revelan lesiones tangibles. Los mismos concurren a la escuela del paraje (Lago pueblo), donde vive la declarante, aquí vive su hija. Acto seguido se la interroga respecto a lo sucedido, quien manifiesta que concuerda plenamente con los dichos de su madre y que su hijo no sea interrogado por los mismos motivos. Que desean acompañar en prueba de sus dichos y que revelan la violencia materializada por Gendarmería tres (3) vainas servidas cuya leyenda reza “antimotín” 70 mm. Y una (1) sin percutar, las que fueron halladas dentro del predio. Con lo que no siendo para más se da por finalizado el acto”.

Estas fojas y los cuatro proyectiles mencionados fueron remitidos aquella misma noche al Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, quien de inmediato dio aviso de su contenido al Ministerio de Seguridad. La mentira tiene patas cortas.

Los documentos: