La Cámara Federal porteña otorgó este viernes la excarcelación a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por considerar que su libertad no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo por evasión impositiva.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal de apelaciones, que debió recurrir al voto del camarista Eduardo Farah para desempatar entre las posiciones de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, que fue quien se opuso a la excarcelación.

Los magistrados confirmaron los procesamientos de López, de Sousa y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, pero ordenaron liberar a los dos empresarios que estaban detenidos de manera preventiva y modificar la calificación legal del delito que se les atribuye.

La decisión fue tomada en la causa que investiga la evasión de al menos 8.000 millones de pesos del pago al fisco de lo recaudado por la empresa Oil Combustibles, en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de los combustibles.

Según la acusación, ese dinero fue utilizado, en cambio, para capitalizar a otras empresas del grupo empresario que lideraba López.

López y De Sousa están detenidos desde fines de diciembre del año pasado, cuando el juez Julián Ercolini entendió que el intento de venta del Grupo Indalo al fondo de Inversión OP investments era un intendo de eludir el accionar de la Justicia.

Con los votos de Ballestero y Farah, la Cámara Federal sostuvo que el intento de venta no implicó una obstrucción a la causa penal y que el delito por el que debe investigarse a los procesados es «apropiación indebida de tributos» y no «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».

Fuentes judiciales informaron a Télam que el intento de venta del Grupo Indalo podía tener consecuencias en el concurso de acreedores de la firma Oil Combutibles pero no en el juicio que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

El delito de «apropiación indebida de tributos» tiene una pena de dos a seis años de prisión para los autores (contribuyentes) y se agravaría en el caso de Echegaray por haber favorecido la comisión del delito desde su posición de funcionario público.

Según el procesamiento que les había dictado el juez Ercolini, López y De Sousa se beneficiaron de «modo sistemático y deliberado» de «facilidades de pago vinculadas al pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos», que les facilitó Echegaray entre mayo de 2013 y agosto de 2015.