Este jueves 2 de marzo, al juez Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, se le vence el tiempo para resolver la situación del ex jefe del Ejército César Milani. El magistrado lo indagó el 14 de febrero pasado por la desaparición del soldado conscripto riojano Alberto Agapito Ledo. El hecho ocurrió en Tucumán, en 1976. Milani fue imputado por encubrimiento por la fiscalía. La familia de la víctima lo acusa de homicidio. El militar sería procesado, pero la disyuntiva que enfrenta el magistrado es si le dicta prisión preventiva o lo deja en libertad. Los querellantes están convencidos de que el ex jefe del Ejército conserva los contactos en la inteligencia castrense y herramientas suficientes como para entorpecer la investigación, por lo que piden que sea detenido.
El viernes Milani ya tuvo un nuevo revés cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de nulidad que hizo la defensa del militar en la causa que investiga la imposición de torturas, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad cometidos contra Ramón Alfredo Olivera y su padre Pedro Adán Olivera, en marzo de 1977, y contra Verónica Matta, en julio del ’76, por las que el juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, lo detuvo el viernes 17 de febrero tras indagarlo. Ese reclamo ya había sido rechazado por la Cámara de Apelaciones y también por el juez que, además, le negó un pedido de eximición de prisión.
Esta breve semana también declararán como testigos en la causa la ex Conadep, Graciela Fernández Meijide, y dos camaristas que participaron del Juicio a las Juntas: León Arslanian y Horacio Gil Lavedra. Ambos se presentarán por pedido del abogado defensor de Milani, Gustavo Feldman.
«Milani está imputado por hechos que el fiscal federal (Carlos Brito) calificó de encubrimiento y falsificación ideológica de instrumento público. Esas dos imputaciones, que difieren de lo que ha planteado la querella, van derecho al procesamiento», señaló a Tiempo la abogada Viviana Reinoso, quien junto a María Elisa Reinoso y Adriana Mercado Luna representan a la familia de Alberto Agapito Ledo, el soldado desaparecido por la dictadura cívico-militar.
La abogada explicó que aunque Poviña no tiene más remedio que procesarlo, podría no dictarle la prisión preventiva. Por eso remarcó el argumento de Herrera Piedrabuena para dejarlo tras las rejas: la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
«No pueden dejarse de lado las herramientas con las que cuenta Milani por haber sido jefe del Ejército y de la Inteligencia (militar). Hay un riesgo procesal claro», subrayó la abogada. Y recordó que desde el inicio del expediente «entorpeció la investigación» con planteos jurídicos permanentes, como el intento de apartar al fiscal Brito y frenar la indagatoria.
Milani está imputado por el encubrimiento del secuestro y la desaparición en 1976 de Ledo y por falsedad ideológica por el legajo que abrió el Ejército, en la que se desempeñó como instructor, que concluyó que el desaparecido había desertado.
Ledo fue visto por última vez en el Batallón 141 de La Rioja. Estaba asignado a tareas de construcción en Monteros, Tucumán. Los querellantes dan cuenta de que además actuaba como secretario del por entonces teniente Milani. Por su desaparición también está imputado, desde el 2013, el ex jefe de compañía del Batallón, Esteban Sanguinetti.
«Es por la lucha de las víctimas que lo denunciaron, aún en dictadura, como hizo Olivera padre, que está preso Milani. Más allá de que el Gobierno Nacional lo use políticamente, es un logro nuestro y lo que a nosotros nos importa es que esté preso», explicó Gabriela Schaller, militante de Derechos Humanos en La Rioja y familiar de dos víctimas de la dictadura que vieron a Milani: su padre Plutarco Schaller -fotógrafo y periodista del diario riojano El Independiente- y su hermano Oscar Schaller, secuestrado y torturado a los 17 años en 1976.
La mujer contó que su hermano lo vio en el centro clandestino que funcionó en el Batallón 141 de La Rioja y 40 años después lo reconoció al verlo en la TV como jefe del Ejército. Su padre, lo vio en el Hospital Vera Barros donde se recuperaba de las torturas, cuando el Ejército concurrió a constatar que no había escapado. «Este es el tenientito Milani», respondió el soldado que custodiaba a Plutarco cuando el militar que corroboró que seguía internado se fue.
Esos reconocimientos están en la causa por la que Milani está preso y se sumaron a los testimonios de la familia Olivera. En cambio, la querella por los secuestros de los Schaller duerme en la justicia junto a otros expedientes como el del diario El Independiente, el asesinato del laico Wenceslao Pedernera y la Mega causa II que tiene 40 represores sin enjuiciar. «Hace tres años que el mismo juez viene diciendo que no tenía elementos para detener ni indagar a Milani. Ahora es obvio que hubo un manejo político, pero más allá de eso, lo que nos importa a nosotros es que la causa avance y que Milani está preso.» «