Un ex espía y policía de la Ciudad les contó a los legisladores de la Comisión Bicameral de inteligencia que Silvia Majdalani, segunda de la AFI, conocía las operaciones ilegales que les ordenaban. Que la ex coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo recibía personalmente informes sobre espionaje y comentaba que “esto le interesa” al ex presidente Mauricio Macri. Y ratificó que hubo espionaje al Instituto Patria, donde tenía sus oficinas Cristina Fernández de Kirchner. También describió una operación para robarle el teléfono a un periodista. Y responsabilizó por todo eso a Alan Ruiz, un pampeano que ganó espacio en la AFI de la mano de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Leandro Araque, investigado por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena por su supuesta participación en espionaje para el macrismo, reconoció su intervención en operaciones que ahora se revelan ilegales. Dijo que cuando detectó que estaba al margen de la ley –por ejemplo, el espionaje al Patria- se negó, y ello le valió ser eyectado de la AFI.

También contó que Ruiz le ordenó robarle el teléfono al periodista de Perfil Rodis Recalt, porque suponía que un agente de la AFI le estaba pasando información y quería saber quién era. Y describió que iba a almorzar a la Casa Rosada con Martinengo, a quien personalmente le entregaba informes de inteligencia y notaba el interés de su interlocutora, quien tenía acceso directo a Macri.

Araque relató una reunión (que compartió con el también ex espía Jorge Horacio Sáenz) con Majdalani para explicarle que Ruiz les estaba ordenando tareas ilegales. “La Turca”, siempre según el relato, no labró un acta, ni desafectó a Ruiz, ni mucho menos formuló una denuncia judicial, sino que intentó que limaran diferencias.

El testimonio de Araque fue demoledor para Majdalani. En cambio al ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, lo situó como más dedicado a temas judiciales que a tareas de espionaje.

La investigación judicial está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien explicó que está investigando “una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, que habría realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en diversas jurisdicciones”.

La descripción es un calco de lo que investiga en Dolores el juez federal Alejo Ramos Padilla. La banda buscaba “obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas (…) con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas”.

El kirchnerismo parece haberse enamorado de Villena, pese a que bajo sus narices se produjeron el espionaje al Patria y las escuchas de diálogos privados de ex funcionarios K presos con familiares y abogados.

Entre los abogados espiados estuvo Aníbal Fernández. Cada vez que iba a la cárcel a entrevistarse con el empresario Cristóbal López -uno de los dueños de C5N y Oil Combustibles- dejaba su celular en un box bajo llave. Pero “el 50”, el grupo de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, tenía la llave de ese box. Y le revisaba el aparato mientras él estaba reunido con su cliente y amigo.

En una escucha que difundió el periodista Rolando Graña, una voz atribuida a Alan Ruiz describía cómo supuestamente Villena brindaba cobertura al espionaje ilegal. ¿Qué hizo Villena? Allanó las oficinas de Graña, en búsqueda de esas grabaciones. Así secuestró probablemente una prueba de una imputación en su contra. Ninguna organización defensora de la libertad de prensa protestó por ello.

Villena niega haber protegido el espionaje ilegal al Patria. En agosto de 2018 fue detectado un automóvil de la AFI merodeando las oficinas de CFK . Los senadores Dalmacio Mera y Oscar Parrilli formularon sendas denuncias que recayeron en los juzgados federales cinco y ocho, ambos a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Con el cinco estaba el fiscal Federico Delgado, quien impulsó la investigación. En el ocho estaba el fiscal Guillermo Marijuán. Martínez de Giorgi unificó las dos denuncias en el juzgado ocho. Corrió a Delgado y sobreseyó a Arribas y Majdalani porque “ha quedado absolutamente descartada la supuesta comisión del delito denunciado”. El fallo no fue apelado y quedó firme.

¿Sobre qué se basó Martínez de Giorgi? Dedujo que los espías no estaban vigilando a CFK sino investigando una causa por “terrorismo” iniciada en 2017 por supuestos atentados contra la cumbre del G-20, que tuvo lugar a fines de 2018, un año y medio después.

Ese dato, según dejó asentado Martínez de Giorgi en una constancia de media carilla, le fue informado telefónicamente por el juez Villena. Pero Villena niega tal certificación.

Martínez de Giorgi además le preguntó a la AFI si estaba espiando a Cristina. Y la AFI respondió –obviamente- que no, que estaban trabajando en la causa por presunto “terrorismo” por orden de Villena.

Buscó a los uniformados que identificaron al móvil de la AFI, pero la Policía Federal, que dependía de Patricia Bullrich, no los encontró. Con esos tres precarios elementos, Martínez de Giorgi sobreseyó a Arribas y Madjalani. Y dijo que no había habido espionaje donde, está claro, sí lo hubo.