En una conferencia de prensa desde San Salvador, la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos comunicó que se ha presentado una denuncia penal en la Justicia Federal de Jujuy contra los funcionarios políticos y judiciales involucrados en la infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales que derivó en una decena de allanamientos irregulares. Además, repudiaron la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
La denuncia –realizada por Gabriela Carpineti, directora nacional de Acceso a la Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- es contra el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Luis Alberto Martin; el Jefe de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario General Héctor Horacio Herbas Mejía; titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario Marcelo Rodriguez; el titular de Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública n° 2 de San Salvador de Jujuy, Diego Ignacio Funes; y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de San Salvador de Jujuy, Rodolfo Miguel Fernandez.
La Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales organizaciones sociales y sindicales, se encuentra por cuarta vez en la provincia de Jujuy relevando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del gobierno provincial. En esta oportunidad, estuvieron en San Salvador, San Pedro y Tilcara.
“Estuvimos tres días relevando denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en territorio. Recibimos a más de 70 personas. Muchas denuncias están vinculadas al funcionamiento arbitrario del poder judicial y al estado de indefensión en el que se encuentra la población más vulnerable. También recibimos a comunidades indígenas que están en conflictos territoriales. El Estado provincial no solo no defiende su derecho al trabajo –la mayoría campesinos que producen alimentos- sino que los hostiga en connivencia con la clase empresarial”, explicó José Luis Fuentes, abogado de la Comisión.
Por su parte, Ivone Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, contó que “el sistema de hostigamiento del gobierno de Morales no es solo contra los dirigentes sino con todos los trabajadores de la economía popular que se organizan. Los siguen en vehículos particulares, los vigilan en sus barrios, preguntan a los mismos vecinos de qué trabajan, para que decidan no organizarse. Cada movilización, cada acción de expresión en el espacio público, sabemos que tenemos infiltrados que nos están vigilando”. Asimismo, la dirigente repudió la reforma constitucional que impulsa Morales por institucionalizar la criminalización de la protesta social.
En su anterior visita en el mes de Julio, la Comisión elaboró un informe donde se detallan 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales como violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna. Entre los casos más resonantes del informe se encuentra la historia de una mujer que fue obligada a abortar por la policía jujeña; y el secuestro de un joven por parte de individuos con comportamiento policial.
