Las apelaciones de los imputados por la Causa D’Alessio, en especial las del fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, parecen articuladas para descalificar, apartar e incluso eventualmente someter a investigación al juez del expediente, Alejo Ramos Padilla. De hecho, eso ya lo sugirió el fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, al pedir el sobreseimiento de su colega Stornelli.
Las apelaciones, todas individuales, se complementan: hay cuestionamientos a la investigación, a la competencia, sospechas de intencionalidad política, de incidencia en otros expedientes, supuestas violaciones a los Derechos Humanos e incluso presuntos ataques disimulados a la libertad de prensa. Todo confluye en Ramos Padilla.
La abogada Raquel Pérez Iglesias, defensora de Stornelli, insistió con que Ramos Padilla no es el juez competente del caso. Pero lo hizo sobre un plus de la investigación: tal como le ordenó la Cámara, el juez delimitó el “objeto procesal” de la causa. Y una vez cumplido ese paso, “debió declararse incompetente en razón del territorio”.
No se trata solo de un cuestionamiento al procedimiento, ni siquiera a la ampliación del procesamiento por otro hecho, Ramos Padilla – según Stornelli – “innecesariamente se procede a la reedición o refritado del resto de los hechos por
los que ya se resolvió la situación procesal en esa primera instancia y que no se encuentra firme. ¿Habrá obedecido ello a favorecer el show mediático desde su inmediata publicación, y para dar la apariencia de un sustancioso y voluminoso fallo, buscando cubrir así sus graves falencias probatorias y argumentativas?”.
Stornelli deslizó que Ramos Padilla busca derribar dos causas que la oposición y Comodoro Py consideran emblemáticas de presunta corrupción del kirchnerismo: Cuadernos y Gas Natural Licuado (GNL). Cada vez que dice que no hay relación entre su causa y esas otra dos, Stornelli lee “una justificación del juez ante semejante embate contra una causa que no tuvo ni tiene bajo su jurisdicción, que como una afirmación en la que realmente cree”. Y apela, también, como golpe bajo, al asesinado exsecretario de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, a quien – dice Stornelli, en una macabra mención – “vilmente se lo utiliza ahora cuando ya no podrá desmentirlo”.
Ezequiel Klainer y María Valeria Onetto, defensores del exespía Pablo Pinamonti, denunciaron que “lo alarmante no es solo la carencia de pruebas sino, sobre todo, lo que se forzaron los hechos y su valorización, como ciertos dichos de terceros imputados a quienes no les creyó a lo largo de todo el sumario pero que ahora son el sustento de la imputación a nuestro cliente. (…) Las ‘pruebas’ de las que dice valerse para llegar esas conclusiones solo tienen apariencia de verdad, dado que su simple revisión desnuda invariablemente su falsedad”.
El alegato habla de “elucubraciones novelescas que no tienen ni un solo elemento de prueba objetivo que las avalen”.
Tatiana Acosta, defensora del también exespía Rolando Barreiro, le reprochó a Ramos Padilla que utilizó “una doble vara al momento de definir la situación, en contraste con otros imputados que su situación aún no fue resuelta y cuyo caudal probatorio es mayor” que el que se le achaca a su cliente. ¿Qué encierra esa acusación? Que el juez no actuó con ecuanimidad.
La artillería se torna pesada en el escrito de Mauricio de Núñez y Guido Sciarreta, defensores de Santoro: “La actividad instructora estuvo signada desde un comienzo, notoriamente, hacia un norte prefijado y en el caso que nos afecta era incorporar la ‘pata periodística’ a la particular construcción de ‘organización’ de la que se nutre, sin duda, de elementos aislados y ajenos a cualquier ilícito que son producto de una más que evidente, forzada y, sumamente, arbitraria interpretación”.
Allí aparece el argumento de la libertad de prensa. “Está claro que lo que el juez termina cuestionando respecto de nuestro defendido no es ni más ni menos que su labor y actividad periodística”. La alegación de Ramos Padilla sobre que no es eso lo que se cuestiona es considerada por la defensa como una “excusa casi culposa (que) resultaría innecesaria ante la efectiva presencia de comisión de ilícitos”.
“Es la prensa en su conjunto quien entiende que es víctima de una persecución política-judicial. ¿Qué pretende el juez? Que el periodismo ¿deje de ejercer su actividad?”.
La defensa del propio D’Alessio, a cargo de Claudio Fogar, apunta a la historia de Ramos Padilla, un juez cercano y comprometido con la defensa de los Derechos Humanos. Aunque se trata del más técnico de los alegatos, le reprocha el tiempo y, sobre todo, las condiciones de detención del falso abogado. “Teniendo en consideración que mi defendido se encuentra detenido hace un extensísimo tiempo, que las condiciones de su detención son lamentables, que ha pasado por inestabilidades psicológicas y psiquiátricas, de vivir un largo periodo absolutamente aislado del resto de la población, ha tenido covid19, incluso ha estado internado por ello, voy a solicitar se conceda con la mayor celeridad posible a la resolución de este recurso”. «
