La orden de allanamiento fue librada por el juez del caso, Federico Villena, y tuvo como principal objetivo el domicilio de Nieto, un joven que se desempeñó como ex secretario privado administrativo de la Coordinación General de Asuntos Presidenciales.

Fuentes judiciales sindicaron a Nieto como la persona que intermediaba entre el ex presidente Macri y la ex directora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, quien aparece en el expediente como quien recibió al menos una docena de veces en Casa Rosada a los espías acusados de hacer espionaje ilegal sobre ex funcionarios, sindicalistas y periodistas, entre otras víctimas.

En el allanamiento del departamento ubicado en un edificio de la calle Guatemala al 4700, en el barrio porteño de Palermo, el juez ordenó secuestrar computadoras, teléfonos celulares, pendrives y notebooks, además de documentos y libretas que pudieran aportar información al expediente.

El procedimiento en la vivienda de Nieto no fue el único de la jornada: se produjeron cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires; tres en domicilios particulares y uno en un estacionamiento, en los barrios porteños de Palermo y Recoleta, según pudo reconstruir Télam.

Durante el allanamiento de Nieto se produjo un incidente que disparó los rumores de su detención, que finalmente no se concretó: como estaba fuera de su casa, cuando vio que llegó la Policía en lugar de facilitar el operativo se recluyó en su auto y envió algunos mensajes de texto en los que habría informado que lo detendrían.

Finalmente Nieto accedió a colaborar con los agentes que encabezaron el operativo y la policía pudo secuestrar los elementos requeridos por el juez Villena, en un operativo que se realizó con la delicadeza del caso dado que el investigado fue padre hace poco tiempo.

La justicia seguía los pasos de Nieto hace varios días luego de que su nombre apareciera en comunicaciones entre imputados en el expediente que tramita en Lomas de Zamora, según pudo averiguar de Télam de fuentes judiciales.

En esta causa se investiga a «una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones», según consta en el expediente.

Algunas de las maniobras “habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones”.