El extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco, descargó las eventuales responsabilidades por el espionaje ilegal en las cárceles durante el gobierno de Cambiemos en el subdirector del organismo, Sabino Oscar Guaymas, cuyo testimonio fue clave para su llamado a indagatoria. Guaymas permanece en funciones y recientemente se vio salpicado por una investigación periodística que reveló que la proveeduría de la cárcel de Ezeiza fue concesionada en 2018 sin licitación a la empresa F&S Group, propiedad de Matías Faubel y Maximiliano Larre, ambos condenados por narcotráfico por un tribunal en lo Penal Económico.

Emiliano Blanco presentó ante el juez federal Juan Pablo Augé un extenso escrito de 157 páginas en el que respondió uno por uno los argumentos de la fiscalía para llamarlo a indagatoria. Esencialmente, su defensa se basó en negar su participación en el espionaje ilegal a los “presos K”, en explicar que los mecanismos que ahora se reputan ilegales y utilizados para hacer inteligencia interna funcionaban desde el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en apuntar a Guaymas, quien parece haberse convertido en el superviviente más odiado por los exfuncionarios del SPF que ahora están imputados en la causa que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.

“Guaymas solo y sin compañía de directores generales se presentaba en múltiples ocasiones en los Complejos Penitenciarios, particularmente en el CPF I (Ezeiza), entrevistándose con distintos funcionarios, desdibujando así las instancias jerárquicas. Eso mismo sucedía mediante teléfono o incluso se presentaba en distintas oficinas a conversar con el personal penitenciario. Esto demuestra su acceso irrestricto a toda la información circundante, de la cual no existe protocolo ni registro, sin contar además con que algunos integrantes de su familia trabajaban como oficial jefe, por ejemplo, en el área de judiciales del CPF I”, explicó Blanco.

“Lejos de estar ajeno a distintas cuestiones del IRIC, el inspector general Guaymas se encontraba a cargo del SPF cuando ingresaron el ex vicepresidente Amado Boudou y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, filtrándose de este último su foto, siendo esta la única imagen que tomara estado público. Más aun, tenía relación directa con personal asesor de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, a quien en más de una ocasión ha autorizado (y acompañado) para su ingreso al IRIC, y para que se entrevisten a solas con los internos. Incluso, y como detalle menor, ha autorizado por escrito el ingreso de mariachis para el festejo del cumpleaños de Amado Boudou”.

“También tenía a su cargo las áreas de telefonía, equipamiento y compra de cámaras de videovigilancia, por lo que cualquier cámara a instalarse en el SPF indefectiblemente debía tener su autorización y/o nómina de los funcionarios responsables de su control”, añadió el descargo de Blanco.

En el mismo contexto, el exfuncionario penitenciario Fernando Carra atribuyó las denuncias en su contra, también por espionaje penitenciario, a una suerte de pase de facturas por haber implementado “mecanismos de transparencia” y combate contra la venta de drogas en las cárceles. Incluso deslizó que hubo una movida en su contra cuando circuló que podía ser designado como nuevo titular del Servicio Penitenciario durante el gobierno de Alberto Fernández.

En declaraciones a Radio Nacional, Carra sostuvo que la interventora del SPF, la exjueza María Laura Garrigós, se vio forzada a convivir con sectores supuestamente corruptos de la fuerza. “Debió negociar gobernabilidad para que no la volteen. Negociar cargos y lugares de poder dentro del SPF para que no le dejen abiertas las rejas y se le escape la gente”.

Según publicó el sitio de Internet Data Clave, del periodista Mauro Federico, a fines de 2018 por una decisión del Ministerio de Justicia cesó la concesión de la cantina de la cárcel de Ezeiza. Para la continuidad de la prestación, en lugar de una licitación se realizó una invitación a empresas para que cotizaran la provisión del servicio. Las invitaciones fueron enviadas a cadenas de supermercados, almacenes y tiendas de comestibles de pequeña o mediana envergadura y a la empresa propiedad de los dos condenados por narcotráfico a penas de entre cinco y nueve años de cárcel. Finalmente, esta última fue la adjudicada. Las invitaciones estaban firmadas por Guaymas.

“Jamás he dado una orden, ni escrita ni oral, para algo ilegal. Se ha secuestrado mi teléfono celular y no se ha extraído nada en mis comunicaciones que permita siquiera suponer algún tipo de actividad ilegal. (…) Jamás he tenido militancia política de ningún tipo, habiendo siempre realizado mi trabajo desde un perfil técnico para distintas administraciones”, resumió Blanco en su descargo.  «