Para impulsar una legislación más justa e inclusiva en materia de espacio público y rechazar la criminalización que sufren las personas en situación de calle y los vendedores ambulantes, el Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) reunieron a destacados referentes del ámbito judicial y legislativo, y de organizaciones sociales y de derechos humanos.
El encuentro “Espacio público y derechos humanos. Aportes para una reforma legislativa”, realizado el 3 de octubre en la sede de ambos organismos –Ingeniero Huergo 1189– permitió oír a muchas de las voces que, desde distintos ámbitos, roles y experiencias, vienen luchando contra la persecución y la violencia institucional de las que son víctimas quienes no tienen un techo o venden sus productos en la calle, en una Argentina donde los índices de pobreza, indigencia y desempleo profundizan las vulneraciones y expulsan del sistema a cada vez más personas.
El juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, señaló que “analizar el espacio público sin analizar el contexto económico, social, político, es una tarea en vano”, y se refirió a un presente atravesado por distintas formas de expulsión, resultantes de la crisis económica, social y política. Gallardo hizo foco en tres tipos de expulsión: “La expulsión vinculada a la pobreza y la carencia de trabajo formal; todos esos contingentes pobres y descartados que son expulsados de las relaciones económicas del espacio privado y terminan en el espacio público, viendo cómo hacen para sobrevivir. También están aquellos que buscan en el espacio público un ámbito para protestar. Y un tercer sector que no tiene dónde vivir y entonces, en una condición de las más extremas, encuentra en el espacio público un lugar donde habitar”. Frente a estas tres expresiones de expulsión, el juez sostuvo que “la reacción del poder del gobierno, ya sea nacional o local, es la represión en distintas formas”. Una respuesta que, “en vez de contener y poder superar las condiciones de vulnerabilidad, lo que hace es potenciarlas mediante el desplazamiento. No hay política pública, hay represión”.
Secretario académico del IFBC y moderador de la charla, Lucas Ciarniello Ibáñez se refirió a la “necesaria reforma de las normas utilizadas por los operadores judiciales y los funcionarios policiales para criminalizar a las personas que trabajan y viven en las calles”, en lo que definió como “una de las tantas expresiones de lo que llamamos violencia institucional”. Ciarniello señaló que se trata de un fenómeno que reúne tres elementos: “Por un lado, prácticas específicas que pueden ir desde el gatillo fácil, los tormentos, las torturas, las detenciones arbitrarias, las requisas ilegales. Por otro lado, los perpetradores no son cualquier persona: son funcionarios públicos que tienen habilitado el uso de la fuerza; funcionarios policiales y también operadores judiciales. Y el tercer elemento tiene que ver con el contexto: estos hechos de violencia, violatorios de derechos, suceden en la vía pública”. Para el abogado, “hablar de estos tres elementos reviste una nodal importancia a la hora de hablar en términos de prevención”, ya que “entender el fenómeno es lo que va a permitir diseñar una política pública eficaz para poder prevenirlo”.
Fernando Vaimbrand, presidente de la Federación de Trabajadores en Espacios Públicos, remarcó que “los trabajadores de la economía popular existen y no son un fenómeno en transición, como quieren instalar muchos”. Describió “un universo de más de 6 millones de personas a lo largo y ancho del país que participan de esta economía de subsistencia, que es parte de la solución a las problemáticas que hace muchos años se vienen presentando en el país”. Sin embargo, lamentó que, “ante la falta de reconocimiento al trabajador de espacio público como un sujeto de derechos o a su trabajo como legítimo, lo que padecemos cotidianamente es la criminalización, la discriminación, la violencia institucional y, en muchos casos, el robo de nuestro material de trabajo”.
Con respecto a la búsqueda de soluciones, sostuvo: “Entendemos que hay muchas leyes que prohíben la ocupación del espacio público para la comercialización, pero no estamos reacios a realizar nuestro aporte para que haya políticas que mejoren nuestras condiciones diarias de trabajo”. En ese sentido, repudió el uso que se viene haciendo de la ley de marcas, 22.362: “La usan meramente para robarles el material de trabajo a nuestros compañeros, para criminalizarlos, sobre todo a compañeros migrantes”, afirmó Vaimbrand. Y mostró la inconsistencia detrás de esa lógica persecutoria: “Todos sabemos que se trata de una marca apócrifa, que no puede competir nunca con las grandes marcas nacionales, que no genera una competencia desleal bajo ningún concepto”.
También se refirió a la ley de marcas Fabián Carrizo, de la Red de Intercambio Técnico de la Economía Popular (RITEP), quien denunció que “se criminaliza a un conjunto de trabajadores expulsados del mercado laboral, que se inventaron el trabajo ante la emergencia social y utilizan la venta en el espacio público como medio de subsistencia”. Carrizo señaló que “las marcas generan pseudo necesidades que los sectores populares no pueden satisfacer”, ante lo cual “la imitación, que no atenta contra la marca, funciona como una instancia de regulador social”. Como ejemplo, puso el caso de la camiseta de la selección de fútbol: “El 70% de las remeras que se ven en la calle son truchas, apócrifas, pero brindan la posibilidad de acceder. Si no, miles se quedarían afuera”.
Criminalización del espacio público
¿Y qué pasa con la mercadería secuestrada? “Hemos hablado con algunos juzgados federales, les pedíamos saber dónde estaba. Es un misterio. En los casos concretos, no aparece nunca”, aseguró Carrizo. Y agrego que, cuando esa ropa se dona, “como tiene marca, se le corta el pedazo. Entonces, en un hogar de chicos, está el pibe con una remera del club que le gusta pero con un agujero”.
Jorgelina Di Iorio integra la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y es una de las encargadas del Registro Unificado de Violencia contra Personas en Situación de Calle, que permite geolocalizar estos hechos en todo el país. Di Iorio explicó que se trata de “una herramienta colaborativa, popular, de denuncia y visibilización de la violencia que está naturalizada hacia una población que, parece que por el hecho de no tener acceso a una vivienda de forma permanente, se convierte en merecedor de múltiples formas de violencia”. Entre agosto de 2023 y de 2024, de esa forma registraron, “de mínima”, 320 casos de este tipo de violencia en todo el país, que incluye el relevamiento de medios y el realizado por las organizaciones.
Di Iorio habló de “datos extraviados”, en el sentido de que “no constituye una prioridad para los Estados estar registrando la violencia, fundamentalmente porque el Estado la produce”. También señaló que, fruto del último informe surgido a partir de estos datos, “la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos realizó un amparo solicitando al gobierno de la Ciudad que detenga los procedimientos que hace en el marco de un protocolo en relación a las personas en situación de calle con padecimiento de salud mental, que es una forma en la cual se patologiza la pobreza”.
Titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, Natalia Ohman es la autora de un fallo en el cual declaró la nulidad de más de un centenar de detenciones, requisas y secuestros sin orden judicial sobre personas en situación de vulnerabilidad en la vía pública. “Se están usando las herramientas de coerción procesal, propias del derecho penal, para castigar sin pena, sin juicio”, advirtió Ohman, para quien, de esa forma, “se genera una lesión sobre la persona y, al mismo tiempo, la función instrumental del proceso penal, que tiene un fin ético-político, queda sin fundamento”. Tanto es así que, para la magistrada, “se ha reemplazado el antiguo edicto policial por estas medidas que aparentan ser formalmente más legítimas, pero cumplen la misma función”. En su intervención, declaró la nulidad de 188 requisas sin orden judicial “respecto de personas que estaban en una especial condición de vulnerabilidad”, mientras revolvían basura, juntaban cartones o arrastraban carros, y para eso utilizaban herramientas que en sí no habilitaban la sospecha de que pudieran estar cometiendo un delito o una contravención.
En ese escenario, la magistrada porteña envió un claro mensaje: “Los jueces integramos un poder del Estado. Y en la medida en que no lo ejerzamos, ese poder se pierde. Por eso voy a instar a mis colegas a que no les tiemble el pulso para censurar injusticias, porque es nuestra función”.
Natalia Zaracho, diputada nacional de Unión por la Patria, lazó una pregunta: “En estos nueve meses de gobierno de Milei, ¿cuántos despidos hubo? ¿Y qué piensan que hace la gente que se quedó sin laburo? Una persona de 40 años, que trabajó toda la vida de un oficio, que no va a poder entrar a trabajar en ningún lado, porque el mercado no da respuestas y el Estado está ausente”.
La legisladora describió que “en los barrios las ferias están explotadas” y, como cada vez hay menos dinero, “la gente se organizan para ir a los lugares donde puede correr un poquito más de guita”. A la vez, crece la criminalización: “Lo que les pasa hoy a los vendedores ambulantes –relató– nos pasaba a nosotros en 2001 cuando cartoneábamos. También nos perseguía la policía corrupta”.
Zaracho hizo foco en los más chicos: “Si esos pibes no van a la escuela, si están excluidos, si están rotos porque las familias están en consumo, porque pierden el trabajo, porque en la casa hay violencia, y la única salida que eran las organizaciones sociales, las iglesias, los clubes de barrios, las están rompiendo, sepamos que vamos a una sociedad muy violenta donde no van a alcanzar los countries”. Por eso, trazando un paralelismo con la segunda Marcha Federal Universitaria, pidió: “Quiero que no les dé vergüenza también pelear para que los pibes puedan comer y tener alimento. Necesitamos una sociedad más sensible, que entienda qué significa no comer. Si los pibes no comen, no tenemos futuro. Vamos a defender las universidades, la escuela, ¿y para quién?”.
Al cerrar el encuentro, la defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muiños, se refirió a “una permanente contradicción” en la política del gobierno porteño respecto del espacio público. “Por un lado –indicó– tenemos el protocolo de Patricia Bullrich, que no tiene ningún viso de legalidad, no fue consensuado dentro de la Cámara de Diputados ni la de Senadores, no fue avalado ni siquiera por la Legislatura, por lo cual no tiene vigencia”. Para Muiños, “hoy la Ciudad, ante cada manifestación pública que es reprimida por las fuerzas federales, está en un estado virtual de sitio”.
La defensora se refirió a “una política para que el que quiere protestar en el espacio público no quiera protestar más, sea universitario, jubilado, negro, blanco. Es exactamente lo mismo. La propiedad del espacio público ya no es más pública”. Frente a este escenario, Muiños planteó: “Yo creo en el ordenamiento del espacio público. Pero tiene que primar la subsistencia de la gente. Como creo que a cualquiera, me gusta transitar por un espacio público limpio y ordenado, pero lo primero es la vida de las personas”. Por eso, pidió “volver a construir lazos solidarios y comunicar, no solo con palabras, sino también con hechos, que este tejido social puede ser reconstruido”.
El encuentro “Espacio público y derechos humanos. Aportes para una reforma legislativa” fue parte del ciclo de conferencias abiertas a la comunidad que vienen organizando el IFBC y COPAJU, y quedó disponible en YouTube.
