Argentina se acaba de convertir en el primer país que prohibió la participación de integrantes históricos de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y también en el que les negó su entrada al país. El escándalo internacional estalló el viernes, con las deportaciones de la periodista británica Sally Burchy y del dirigente de una organización noruega, Petter Titland. Las quejas de las ONGs de distintos países ya se habían empezado a hacer oír. Fue desde hace más de dos semanas, cuando les comunicaron que, por primera vez, más de 60 miembros de distintas organizaciones de la sociedad habían sido incluidos en una lista negra y no iban a poder participar de la Conferencia Ministerial. La decisión que provocó la exclusión masiva de miembros de las ONGs de todo el mundo fue de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas. Sin embargo, le dejaron la ingrata tarea de comunicar las prohibiciones a la propia OMC, comandada por el brasileño Roberto Azevêdo. Él tuvo que mandar una carta de disculpas a los invitados ante el silencio oficial de Argentina. Recién el domingo pasado el canciller Jorge Fauire hizo pública una explicación con sabor a poco. «El equipo de Seguridad de la organización de esta Conferencia Ministerial anticipó a la OMC la existencia de algunos inscriptos, registrados por dicha Organización en nombre de algunas ONGs, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Su antecesora en el cargo y ahora presidenta de la Conferencia Ministerial, Susana Malcorra, intentó también una comunicación fallida de la decisión de Bullrich. La explicación es falsa. En ninguna red social de los invitados censurados hay llamamientos a realizar actos de violencia. Los invitados fueron comunicados de su exclusión cuando ya tenían comprados los pasajes y contratado el alojamiento. Muchos viajaron igual y, con escándalo ante sus respectivas embajadas, pudieron entrar al país. No fue el caso de Burch y Titland.
