Se abrió nuevamente el recinto, volvió la presencialidad al cien por ciento y hubo quórum. Después de horas de debate en el que tomaron la palabra más de 70 diputados de distintos bloques, la Cámara baja sancionó la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos con 200 votos positivos, 22 negativos y 16 abstenciones de diputados del PRO.

El debate comenzó pasadas las 15.45 cuando la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau (FdT), tomó la palabra para defender el proyecto: “Con esta ley se busca la prevención de la salud y la garantía de los derechos de todos los argentinos”, señaló.

“El octágono negro es la forma más eficaz para que los consumidores detecten nutrientes críticos en los productos alimenticios”, sentenció la legisladora del Frente de Todos. Luego agregó: “El mundo atraviesa una problemática recurrente, las enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestro país no es la excepción. Y hoy estamos diciendo que el Estado argentino no va a mirar para otro lado y va a dar la pelea”.

La diputada radical Brenda Austin defendió el dictamen de mayoría al manifestar: “Tratamos un tema tan importante como el Etiquetado Frontal de Advertencia en la República Argentina. Y pudimos derribar mitos sin haber caído en la grieta y en defensa del derecho a la salud. Esto es un ejemplo claro. Una deuda desde la década de los ’90, que permite que los ciudadanos tengan información fundamental para las enfermedades no transmisibles. Rescatando la transversalidad, claramente representativa de esta Cámara para avanzar en el tema. Estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso”.

Asimismo dijo que “es una iniciativa que busca dar paso a una transformación en los hábitos alimentarios para hacerlos más saludables. La etiqueta actual es absolutamente insuficiente. Apenas un tercio de las personas las leen y la mitad de los que la leen las entienden. No es posible ampararse en tener un alimento en base a ignorar, a esconder lo que estos productos tienen”.

En cuanto a las consideraciones negativas, la diputada porteña Carmen Polledo (PRO) recordó: “Debemos pensar en un sistema de etiquetado integral y completo. Es por eso que presentamos un dictamen proponiendo una alternativa que cumpla con el propósito de modificar los hábitos alimenticios”.

En esa línea, precisó: “La idea básica del dictamen de mayoría es poner en cada paquete un octógono negro por cada nutriente crítico que excede el límite sugerido y prohibir que se informe por nada positivo que contenga”. Y cuestionó que “hay una posición de fanatismo de imponer de que hay una sola forma posible de etiquetados”.

Quien también criticó el proyecto fue la diputada Silvia Lospennato:_“Esta no es una buena ley. De todos los sistemas posibles se eligió el que brinda menos información. Es excesivamente prohibicionista. Tiene plazos incumplibles para la industria y no buscó armonizar criterios con el Mercosur».

Voto dividido en Tucumán

Pese a que presentó dictamen propio, el oficialista Pablo Yedlin, delfín del jefe de gabinete, Juan Manzur, adelantó su voto positivo en general pero con observaciones en lo particular. «El proyecto es virtuoso, pero podría haber sido mejorado», dijo el médico tucumano, al tiempo que reconoció que “la industria del azúcar siempre sufrió el impacto del centralismo porteño durante mucho tiempo”.

“El azúcar es una de las causas de la obesidad, sin dudas, pero no es un veneno. Es algo natural, mientras que muchos edulcorantes deberán dar explicaciones sobre que contienen”, agregó Yedlin, quien es médico.

En tanto, la tucumana Beatriz Ávila (monobloque por la Justicia Social) defendió la industria azucarera y aseguró: “Hemos sufrido muchísimo la agresión de la industria con distintas campañas que generaron pobreza, desempleo y un éxodo tremendo de tucumanos en la década del ’60, cuando la dictadura decidió cerrar 11 ingenios. Acá estamos los diputados tucumanos para defender a nuestro parque industrial porque acá se dicen verdades a medias”, añadió.

Los cierres comenzaron pasada las 23 horas y no estuvieron a cargo, como suele suceder, de los presidentes de bloque. El radical Alejandro Cacace expresó: “Estamos tratando un proyecto de ley aprobado por 64 senadores y con el voto negativo solo de 3. Y que ha sido estudiado por 4 comisiones de la Cámara de Diputados, con cantidad de reuniones informativas, con la participación de profesionales y de organizaciones de la sociedad civil, que contribuyeron a informar científicamente”.

Asimismo manifestó que “ha habido debate y ha habido alternativas. Pudimos confrontar la evidencia. Hay múltiples estudios internacionales respecto de las alternativas para aplicar, algunos con medidas muchos más duras, que incluso recurren a la política fiscal y a los impuestos para disuadir del consumo de alimentos con exceso en grasas, azúcares o sodio. Sin embargo aquí se elige una herramienta de información, que está en la Constitución como parte del derecho a la información que tienen los consumidores. El derecho a conocer qué se consume y el impacto que tiene en la salud”.

Finalmente, el cierre del oficialismo estuvo a cargo de Florencia Lampreabe :” Lo que se trata es de terminar con la fake news de lo que comemos en Argentina”. “Estamos ante un panorama de muchos excesos, excesos de concentración en el mercado de alimentos, de precios, de ganancias para unos pocos, de nutrientes críticos que nos están enfermando, exceso de energías”, agregó.

Mientras distintas organizaciones de consumidores observaban desde el palco, Lampreabe señaló: “No hay lobby que pueda frenar la fuerza de una sociedad comprometida con causas que puedan mejorar los derechos de la gente”.

Qué dice la ley

La iniciativa advierte a consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara pueda convertirse en ley. Asimismo, establece que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializadas en la Argentina deben colocar leyendas como “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales”, y/o “Exceso en calorías”. En caso de contener edulcorantes, el envase debe mostrar una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”.

El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley, a partir de ese plazo  las grandes empresas tendrán 6 meses para adaptarse, y las pymes, doce. Para ambos casos, el Ejecutivo puede disponer una prórroga de 6 meses más. La ley establece que las empresas tendrán dos años más para hacer esfuerzos progresivos para evitar los sellos de advertencia.