La jueza federal de Río Grande, Tierra del Fuego, Mariel Borruto, suspendió las declaraciones indagatorias previstas para esta semana para cinco militares acusados de estaqueamientos, enterramientos, simulacros de fusilamiento y otras torturas a conscriptos que combatieron en la Guerra de Malvinas.

La decisión causó estupor en las agrupaciones de ex combatientes, que calificaron a Borruto como “un faro de la impunidad”.

La jueza accedió a un pedido del defensor oficial de los militares acusados y postergó dos meses las indagatorias, reprogramadas para junio próximo.

El nuevo cronograma estipula que Jorge Cadelago declarará el 8 de junio a las 10; Emilio Samyn Duco, el 9 a la misma hora; Horacio Vlcek, el 10 y Jorge Masiriz, el 11 de junio.

El quinto ex mando militar llamado a indagatoria, Jorge Guillermo Díaz –acusado porque durante todo el conflicto permaneció en una casa segura en Puerto Argentino y no visitó a las tropas en el frente de batalla, de modo que omitió evitar la comisión de las torturas- debía declarar ayer, pero no lo hizo por un supuesto impedimento físico.

La jueza Borruto resolvió, en su caso, que por “su condición médica evidenciada a partir de los certificados médicos aportados por su defensa técnica que podrían suponer un riesgo para la salud en caso que debiera concurrir a la audiencia en la sede policial dispuesta”.

En rigor, todos los imputados declararán desde Buenos Aires por videoconferencia desde una sede policial, pero Díaz fue autorizado a hacerlo desde su domicilio, el 12 de junio próximo.

Las postergaciones fueron pedidas por el defensor oficial de los imputados, el ex fiscal Guillermo Garone, quien argumentó que no había tenido tiempo suficiente para preparar la estrategia de la defensas.

“Para el desarrollo de una defensa técnica eficaz esta parte necesita una mayor cantidad de tiempo con la finalidad de desarrollar las estrategias correspondientes a las declaraciones”, peticionó el defensor y aceptó la jueza.

“El pedido del defensor oficial para poder asistir personalmente a los imputados al momento de la audiencia indagatoria luce razonable”, admitió Borruto.

El centro de ex combatientes CECIM La Plata criticó la decisión de la jueza: “Lamentablemente todos los pasos que va dando consolidan la impunidad y juegan a dejar asentada la impunidad biológica. Es de las personas que simulan que hacen, pero no hacen nada”.

Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM e integrante del Consejo Provincial por la Memoria (CPM), contrapuso que “las Madres y las Abuelas son el faro para la búsqueda de memoria, verdad y justicia. La jueza Borruto es un faro de impunidad”.