Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se reunirá hoy para continuar con el debate de un proyecto integral contra la violencia institucional, que busca «prevenir y erradicar» estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios. Se trata de la tercera reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos), y de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Yasky (Frente de Todos), que se realizará a partir de las 10, con la presencia de asociaciones de trabajadoras y trabajadores, quienes harán aportes sobre la temática.
Concurrirán como invitados Miguel Gaya, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina; Tomás Eliaschev, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires; Miguel Aponte, secretario Administrativo de Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, y Victorio Paulon, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina. También asistirán Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados; Mario Carlos Torroba, de la Unión Personal Municipal de Berazategui, y Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.
El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso. La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».
Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad. La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales. Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas».
De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».
