La Legislatura bonaerense volvió a ser esta semana caja de resonancia de la pulseada electoral. Como ocurrió con el proyecto que crea el registro de trabajadores de las apps de delivery, la oposición rechazó una nueva ley de alquileres que propone que los inquilinos bonaerenses dejen de pagar el 4% de honorarios cuando arrendan una propiedad y que ese costo sea asumido por el propietario. Pese a que la misma ley fue impulsada por el gobierno porteño y rige en la Ciudad Autonoma, Juntos firmó un dictamen en contra. El oficialismo busca llevarlo al recinto.

El proyecto es impulsado por el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, y va en la misma línea que la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro y en países como Alemania, Francia, Suecia y España. Se trata de una modificación a la ley de martilleros y corredores públicos y establece que el 4% de honorarios para el arrendamiento de casas urbanas y rurales, carga que actualmente se divide entre los locatarios y locadores, será exclusiva de los propietarios. El debate llega en un momento de controversia por la Ley de Alquileres a nivel nacional y tras las medidas de «alivio» anunciadas por

Tras varias reuniones en las que participaron la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Hábitat bonaerense y asociaciones de inquilinos, el proyecto fue tratado en la comisión de Legislación -que preside Durañona- y fue rechazado por los senadores de Juntos, que tienen mayoría allí.

Al exponer los argumentos en contra, el presidente de la bancada opositora, Alejandro Rabinovich, consideró que la problemática se debe abordar «en forma integral» y consideró que la modificación en los honorarios genera el efecto contrario e incrementa el valor del alquiler. «Creemos que hay que estar del lado de los inquilinos como una cuestión global y aprender de los errores ya que esto llevó a que se retiraran del mercado muchas propiedades, haciendo más complicado para los inquilinos dónde vivir. Nosotros podríamos tomar acciones pero no para poner mayores regulaciones que siempre terminan perjudicando a los inquilinos», señaló.

El senador Durañona, por su parte, defendió el proyecto y marcó las contradicciones de Juntos. El legislador oficialista recordó que «Capital Federal es uno de los tres distritos donde rige esta Ley, por eso imaginamos que iba a traer consenso». Y apuntó que en la Ciudad, la norma fue impugnada por las distintas organizaciones de martilleros judicialmente y «hubo una defensa férrea del oficialismo porteño, tal es así que el Tribunal Supremo de CABA le dio la razón a la Ciudad rechazando todos los argumentos vertidos y en ningún momento hubo una vocación o señal para modificar la vigencia de esta Ley».

Sobre las objeciones de la oposición, el senador del FdT dijo que las organizaciones que defienden a los inquilinos -y que están a favor del cambio en la ley- son «conscientes» de que el riesgo es que los honorarios se termine agregando al contrato, pero «aun así están de acuerdo ya que el valor se licúa a los largo de las distintas cuotas dentro del contrato de alquiler, y no tiene el inquilino que afrontar ese gasto como requisito antes de ingresar».

Ahora, el proyecto seguirá su camino por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde el FdT tiene los votos para emitir un despacho de mayoría y allanar el camino para que se debata en el recinto. Allí, oficialismo y oposición están en paridad con 23 senadores cada uno. Si ninguno cambia su parecer y hay empate, la votación podría ser definida por la vicegobernadora Verónica Magario, cuyo voto vale doble.