Cuando la interventora de la AFI descubrió que la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani habían espiado a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan no lo podía creer. Lo primero que hizo fue comunicárselo al presidente Alberto Fernández. Luego, lo llamó al ministro de Defensa, Agustín Rossi, para que se pusiera en contacto con las víctimas de este nuevo espionaje ilegal desde el Estado a sectores de la población civil. Cristina Caamaño fue enfática: no quería que los familiares, después de todo lo que pasaron, se enteraran por la televisión.
El plan nacional de Inteligencia, que incluye la reconfirguración política, institucional y financiera del Sistema Nacional de Inteligencia, que incluye a la AFI, el ministerio de Defensa y el de Seguridad, está casi listo. La pandemia puso en stand by su presentación en sociedad, pero no frenó el trabajo de investigación interna que está haciendo la interventora. Fue crucial en este proceso el DNU del jefe de Estado, responsable directo de la política de inteligencia de un país según lo marca la ley de inteligencia.
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Es que es por eso mismo que Caamaño cada vez que encuentra irregularidadades que pueden constituir delitos, le avisa al presidente, – con el que habla varias veces por semana-, y luego, realiza la denuncia penal.
Fue el propio Alberto Fernández quien en su primera alocución como presidente ante en la Asamblea Legislativa, dijo en diciembre: “Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales y linchamientos mediáticos». Lo primero que hizo fue sacarle los fondos reservados que les había repuesto Macri y a través de un DNU desvinculó a los espías de las investigaciones judiciales, medida que algunos consideran incluso mucho más profunda que la reforma judicial que se está debatiendo en el Congreso. La resolución publicada en el Boletín Oficial en enero, dispuso la “reducción al mínimo de los casos posibles” el ejercicio de las funciones de investigación criminal de la AFI y su participación como auxiliar de justicia, “ciñéndose exclusivamente a las materias propias de este organismos, establecidas legalmente”. Desde entonces, ese vínculo formal que unía a jueces con espías, y muchas veces involucraba a la prensa, quedó roto.
Las denuncias penales que va realizando en la justicia a medida que se van encontrando nuevos elementos de espionaje ilegal tienen como máximo acusado a Mauricio Macri, por haber sido el responsable institucional directo de la conducción de la agencia de inteligencia. También se los acusa a Arribas y Majdalani. Hasta ahora hay denuncias por el espionaje al Instituto Patria, los mails pinchados, la denuncia por el espionaje a periodistas y académicos y organizaciones políticas durante el evento del G20, las tres denuncias por administración fraudulenta de los fondos del a AFI, y ahora se suma este nuevo hallazgo que constituye otro fuerte indicio sobre el largo brazo del espionaje ilegal de la AFI de Macri.
