La marcha que llegará al Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires este martes 1 de febrero tendrá sus propias expresiones en varias provincias. Organizaciones de Derechos Humanos, militantes de UTEP-Nuestramérica e integrantes de Justicia Legítima confirmaron que habrá concentraciones en Córdoba, Mendoza, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
Lejos de tratarse de réplicas de las consignas que plantean los organizadores de la protesta porteña, cada distrito tiene sus reclamos propios hacia la Corte Suprema y la Justicia federal en cuestiones como la lentitud en los juicios de lesa humanidad, reclamos ambientales sin arbitrar, la indecisión de la autoridad del Poder Judicial para actualizar sus prácticas a la perspectiva de género. Además, denuncian persecución política al interior de las dependencias judiciales y en algunos casos la imposibilidad de distinguir entre las decisiones de la gobernación y los jueces.
Córdoba y Mendoza
“Las características del Poder Judicial en Córdoba no difieren mucho de la Justicia en otros distritos. La Justicia ordinaria tiene una estructura con criterios racializados, clasistas, patriarcales que es necesario transformar de raíz”, dice Sergio Job, abogado que forma parte del colectivo Palabra Justa y es integrante de la Unión de Trabajadores Rurales, nucleada en la UTEP. En Córdoba capital se espera una gran convocatoria en 27 de Abril y Av. Vélez Sársfield, para dirigirse hasta los Tribunales provinciales a las 18 horas.
“Vamos a tener un capítulo propio sobre la situación judicial en Mendoza, que es bastante compleja y en algunas cosas similar a lo que está ocurriendo en Jujuy. Tenemos la causa contra Nélida Rojas, que también era militante de la Tupac Amaru y sufrió una persecución judicial parecida a la de Milagro Sala”, explica Pablo Garciarena, militante de Nuestramérica y organizador de la marcha en la capital cuyana. Precisa al respecto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio curso a un reclamo contra la provincia por la irregular actuación de los jueces oficialistas Valerio y Llorente, que llevan adelante esa causa.
Según Garciarena, “con los gobiernos radicales de Alfredo Cornejo como Rodolfo Suárez, el Ejecutivo provincial logró el control del Ministerio Público Fiscal mediante la designación de un procurador adicto. Esas maniobras le han garantizado la persecución a todo el arco opositor”.
El acceso a la Justicia
en el NEA
“En Chaco la marcha va a coincidir con la de CABA en el horario, pero la de Corrientes la hacemos a la mañana por la ola de calor”. Desde la filial NEA de Justicia Legítima se organizan para que el 1F recoja las consignas que piden la renuncia de los actuales integrantes de la Corte Suprema y la democratización en el acceso a la Justicia. Para ello aportan reclamos locales, como los que enumera Valeria Romano desde Resistencia en diálogo con Tiempo.
“Si un reclamo hay que hacerle a la Justicia federal acá en Chaco es la lentitud de los juicios de lesa humanidad. Tuvimos varias sentencias, pero la magnitud de la investigación se fue dividiendo en varias causas. Una de las excusas era la demora en el nombramiento de los jueces federales que integraban esos tribunales”.
Es por esto que el lugar elegido para la concentración en la capital chaqueña será en la plaza 25 de Mayo, enfrente de la Comisión Federal de la Memoria. “Es un lugar simbólico para los Derechos Humanos porque ahí se hacían las esperas de los familiares durante la dictadura, afuera del centro de detención. Ahí nos convocamos en la marcha contra el 2×1 de 2017”, explica Romano.
Sonia López, abogada, asesora de la Liga por los Derechos Humanos de Corrientes y exlegisladora, desarrolla las razones por las que la manifestación federal también llegará a los tribunales de la provincia gobernada por el radical Gustavo Valdés. “Corrientes es una provincia lawfare. Hace muchos años un segmento importante del Poder Judicial es una herramienta política del Poder Ejecutivo local que persigue a ‘carpetazos’ a dirigentes y líderes opositores o sindicales. Y la Corte Suprema, cuando recibe las apelaciones a esas sentencias, convalida sin revisar ni estudiar cada caso”.
López cita el caso de Guillermo Galantini, defensor de Derechos Humanos detenido ilegalmente durante 20 días por acompañar el reclamo de una familia desalojada por la fuerza en Monte Caseros. Esto está relacionado, según la abogada, con que el Poder Judicial correntino tiene estrecho vínculo con los sectores económicos preponderantes, lo que hace muy difícil el acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad.
“Hay una lógica de persecución en sectores del Poder Judicial que viven todavía con una mentalidad dictatorial”, cuenta Romano. “En todas las provincias hay jueces que creen que quienes integran el Poder Judicial no pueden hacer manifestaciones políticas, lo cual es terrible para un estado democrático. Persiguen a sus empleados judiciales porque se expresan políticamente, cuando no hay ninguna contradicción en ello”. «
