Organizaciones sociales, políticas, movimientos y familiares de víctimas de la violencia institucional y el gatillo fácil llevaron a cabo este lunes en la Ciudad de Buenos Aires la cuarta edición de la Marcha de la Gorra, que partió de Avenida de Mayo y Nueve de Julio para culminar frente al Congreso Nacional, con la lectura de un documento consensuado. Además, otras movilizaciones se concretaron en diferentes distritos del país como Chaco, Corrientes, Entre Ríos (Paraná), Chubut (Trelew), Buenos Aires (Mar del Plata, La Plata, Tandil) entre otros.
En ese contexto, las organizaciones plantearon nuevos desafíos y demandas que surgieron en esta etapa, en medio de una pandemia que potenció las desigualdades heredadas del macrismo. Así, reclamaron, entre otros puntos, una urgente revisión integral de la situación de los detenidos en las cárceles, desde un paradigma centrado en los derechos humanos, y terminar con los hechos de violencia institucional y de “gatillo fácil” que caen fundamentalmente sobre los jóvenes.
En esta línea, tampoco dudaron en señalar sucesos que, entienden, son los más cuestionables de esta etapa, con la presencia de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, entre otros familiares.
“La desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, las imágenes de los desalojos en Guernica, el levantamiento antidemocrático de la policía bonaerense frente a la Quinta Presidencial de Olivos y la residencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la continuidad de las detenciones arbitrarias a los y las humildes, y la espectacularización de las políticas de seguridad llevadas a cabo, están muy lejos de la vida que anhelamos. En este sentido, no resultan sorprendentes los hechos suscitados en el marco del velorio del ídolo popular, Diego Armando Maradona. Repudiamos enfáticamente la represión a un pueblo que fue a dar su último adiós”, marcaron las organizaciones.
Situación en las cárceles
Las organizaciones señalaron, una vez más, la situación de “tortura y malos tratos sistemáticos” que padecen aquellos que se encuentran privados de su libertad, agravada, en pandemia, por la “desidia del servicio penitenciario en la atención de la emergencia sanitaria”, que incluyen “vaga redacción de protocolos sanitarios”, así como “desmanejo” en la regulación de las visitas de familiares a los pabellones. Estas situaciones desencadenaron en “la represión incesante en los pabellones, incluyendo la quema de centros universitarios, que demuestra la falta histórica de una perspectiva de derechos humanos”.
Este panorama generó nuevas demandas y reforzó otras. “Queremos construir políticas públicas para tener juventudes e infancias dignas y libres de violencia y persecución. No queremos más gatillo fácil como respuesta estatal”.
En esta línea, los reclamos se condensaron. “Queremos una urgente revisión del estado de las cárceles de nuestro país. No queremos más detenciones arbitrarias a las pibas y los pibes de los barrios más humildes. Exigimos la democratización de las fuerzas de seguridad para que la perspectiva de derechos humanos y de género sea el horizonte de construcción de una sociedad más democrática. Exigimos el desmantelamiento de la complicidad policial en la garantía de los circuitos de trata”, demandaron.
En comunicación con Tiempo, Alejandro Valenzuela, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y participante de la marcha, señaló otro de los ejes: “En líneas generales, el eje central es dejar de militarizar los barrios. Las organizaciones sociales estamos en el territorio construyendo políticas de reinserción para nuestros pibes…en este marco queremos que a los pibes se les dé la oportunidad de tener derechos garantizados. Nosotros necesitamos de políticas de reinserción…nos dimos cuenta de que hay que romper con las subjetividades, con varios perjuicios y estigmas que el problema es más profundo y de fondo”, subrayó.
Luego del acto, algunos representantes entregaron el documento consensuado a un grupo de diputados del Frente de Todos, quienes, según supo este medio, trabajan un borrador de alternativas legislativas para abordar parte de estas demandas.
En ese contexto, las organizaciones plantearon nuevos desafíos y demandas que surgieron en esta etapa, en medio de una pandemia que potenció las desigualdades heredadas del macrismo. Así, reclamaron, entre otros puntos, una urgente revisión integral de la situación de los detenidos en las cárceles, desde un paradigma centrado en los derechos humanos, y terminar con los hechos de violencia institucional y de “gatillo fácil” que caen fundamentalmente sobre los jóvenes.
En esta línea, tampoco dudaron en señalar sucesos que, entienden, son los más cuestionables de esta etapa, con la presencia de Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, entre otros familiares.
“La desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, las imágenes de los desalojos en Guernica, el levantamiento antidemocrático de la policía bonaerense frente a la Quinta Presidencial de Olivos y la residencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la continuidad de las detenciones arbitrarias a los y las humildes, y la espectacularización de las políticas de seguridad llevadas a cabo, están muy lejos de la vida que anhelamos. En este sentido, no resultan sorprendentes los hechos suscitados en el marco del velorio del ídolo popular, Diego Armando Maradona. Repudiamos enfáticamente la represión a un pueblo que fue a dar su último adiós”, marcaron las organizaciones.
Situación en las cárceles
Las organizaciones señalaron, una vez más, la situación de “tortura y malos tratos sistemáticos” que padecen aquellos que se encuentran privados de su libertad, agravada, en pandemia, por la “desidia del servicio penitenciario en la atención de la emergencia sanitaria”, que incluyen “vaga redacción de protocolos sanitarios”, así como “desmanejo” en la regulación de las visitas de familiares a los pabellones. Estas situaciones desencadenaron en “la represión incesante en los pabellones, incluyendo la quema de centros universitarios, que demuestra la falta histórica de una perspectiva de derechos humanos”.
Este panorama generó nuevas demandas y reforzó otras. “Queremos construir políticas públicas para tener juventudes e infancias dignas y libres de violencia y persecución. No queremos más gatillo fácil como respuesta estatal”.
En esta línea, los reclamos se condensaron. “Queremos una urgente revisión del estado de las cárceles de nuestro país. No queremos más detenciones arbitrarias a las pibas y los pibes de los barrios más humildes. Exigimos la democratización de las fuerzas de seguridad para que la perspectiva de derechos humanos y de género sea el horizonte de construcción de una sociedad más democrática. Exigimos el desmantelamiento de la complicidad policial en la garantía de los circuitos de trata”, demandaron.
En comunicación con Tiempo, Alejandro Valenzuela, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos y participante de la marcha, señaló otro de los ejes: “En líneas generales, el eje central es dejar de militarizar los barrios. Las organizaciones sociales estamos en el territorio construyendo políticas de reinserción para nuestros pibes…en este marco queremos que a los pibes se les dé la oportunidad de tener derechos garantizados. Nosotros necesitamos de políticas de reinserción…nos dimos cuenta de que hay que romper con las subjetividades, con varios perjuicios y estigmas que el problema es más profundo y de fondo”, subrayó.
Luego del acto, algunos representantes entregaron el documento consensuado a un grupo de diputados del Frente de Todos, quienes, según supo este medio, trabajan un borrador de alternativas legislativas para abordar parte de estas demandas.
