El secreto y el oscurantismo volvieron a ser la regla en el presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La falta de control sobre los fondos reservados preocupa aun más ante un nuevo aniversario de la voladura de la AMIA. «Es el mismo sistema opaco que permitió el encubrimiento del atentado», aseguró Alejandro Rúa, abogado de Memoria Activa.

La organización de familiares de víctimas de la AMIA denunció junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) el retroceso que significó la derogación del decreto que regulaba la utilización de los fondos reservados y la negativa del gobierno a dar información sobre su regulación. La transparencia del sistema de fondos de la ex SIDE fue un compromiso asumido en 2005 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se concretó recién en 2015, con la ley de Inteligencia Nacional. A menos de un año de esa ley, el presidente Mauricio Macri derogó varios artículos de la norma, entre ellos el que regulaba el registro del uso de los fondos reservados y permitía un mayor control.

«El Estado ofreció la constitución de un proceso de solución amistosa que incluye puntos a modo de reparación, entre ellas la modificación de la oscuridad y secretismo del manejo de fondos del Estado. El encubrimiento del atentado se concretó a través de esta herramienta: se acreditó la actividad delictiva de la SIDE a través del manejo secreto de los fondos», explicó Rúa a Tiempo.

Esos hechos son ahora investigados en el juicio oral por el encubrimiento del atentado para determinar la responsabilidad en el pago de U$S 400 mil a Carlos Telleldín para que cambiara su testimonio. En el banquillo de los acusados, además de Telleldín se encuentran el ex juez Juan José Galeano, el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros.

La respuesta del gobierno a los cuestionamientos es ambigua, por ahora. Mientras que ante la CIDH el Estado asegura estar «trabajando en un sistema de rendición de gastos» y reconoce que hasta que no se implemente es «un retroceso», el director general de AFI, Gustavo Arribas, afirmó que se cumplen «los más elevados estándares de transparencia y profesionalismo».

Viejos nombres. A la restauración de estos métodos le siguió la vuelta de hombres asociados con ese pasado: a cargo de los fondos reservados quedó Juan José Gallea, el secretario de Finanzas de la AFI y ex gerente de los medios de Sergio Szpolski, uno de los responsables del vaciamiento de este diario.