La tensión entre el gobierno paraguayo y el argentino por la nueva tasa de peaje de la Hidrovía parece encaminarse, al menos por ahora. Para el flamante presidente conservador Santiago Peña la disputa con Argentina es un primer examen para la relación bilateral que le tocará administrar por cuatro años. El estreno estuvo cargado de acusaciones contra Buenos Aires. Esta semana entraron en otra fase, aunque en la Casa Rosada observan con desconfianza el nivel de beligerancia que utilizó Peña, un mandatario que ya anticipó un mensaje inquietante para el futuro del Mercosur y desató más sospechas.
Peña aseguró que si el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva no cierra las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea antes del 6 de diciembre, su país no las continuará cuando tenga la presidencia temporaria del bloque comercial. Brasil tiene ese cargo desde julio y lo recibió de manos del presidente argentino, Alberto Fernández. A Lula le quedan dos meses como representante provisorio del Mercosur y Peña le planteó un ultimátum que fue leído como una amenaza de romper el Mercosur si no se cierra un acuerdo con la UE.
A la preocupación por el rol de Peña en el Mercosur se sumó la escalada verbal por la Hidrovía. La situación escaló hace un mes y medio cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, visitó Asunción y escuchó el pedido de Peña para que dejen sin efecto el peaje que cobra la Administración General de Puertos desde el 1° de enero de este año. Luego de la visita, que incluyó al ministro de Transporte, Diego Giuliano, el gobierno paraguayo acusó a ambos funcionarios de mentirosos porque se habrían comprometido a suspender el cobro del peaje. Del otro lado del río aseguran que no hubo ningún compromiso. Sin embargo desde entonces comenzaron una serie de acusaciones que incluyeron la sobreactuación de un legislador paraguayo de 25 años. “Como joven paraguayo sí iría a la guerra, sin duda iría por mi patria”, arengó Rubén Rubín, mientras hablaba en el recinto legislativo contra la aplicación del peaje y exigía una respuesta más dura de su gobierno. “No es algo entre paraguayos versus argentinos. Es algo entre paraguayos versus el gobierno peajero de Alberto Fernández”, bramó el diputado del partido centrista «Hagamos».
Rubín se desdijo y pidió disculpas, pero empujó la ofensiva discursiva de Peña. El flamante mandatario había dicho que «probablemente no le compraría un auto usado a Massa» para volver a acusarlo de incumplir su palabra respecto a la controversia de la Hidrovía.
En la retina del gobierno argentino hay otra foto que no ha pasado inadvertida. La protagonizó una de las empresas que están obsesionadas con la futura licitación de la Hidrovía. La anterior venció en 2021 y desde entonces está en manos de la Administración General de Puertos.
Ese nuevo régimen, hasta que se defina su futuro, inquietó a la empresa belga Jan De Nul, que hace lobby para quedarse. El 24 de abril organizó un evento en Corrientes para mostrarle sus instalaciones a la vera de la Hidrovía al embajador de Bélgica, Karl Dhaene y a un invitado especial: su par norteamericano Marc Stanley. “Qué gran oportunidad para aprender de primera mano sobre el importante trabajo de dragado que hace del río Paraná, una vía eficaz y eficiente para el transporte de bienes dentro y fuera del país. Gracias a Jan De Nul Group por la invitación y a Dhaene por acompañarnos”, escribió Stanley en su cuenta de twitter.
Tras el vencimiento de la licitación, el nuevo peaje es una facultad de la AGP y sucede en medio de la controversia que se cocinó desde enero con Paraguay. La escalada verbal y la beligerancia de Peña con un tema aduanero son interpretados como parte del interés del flamante presidente paraguayo de acercarse a Estados Unidos. La pelea por la Hidrovía puede ser un escenario propicio. «Paraguay quiere mostrarse fuerte y tomar este tema como una causa nacional, pero en el fondo es un tema administrativo. No advierten que con esa beligerancia no es sólo confronta con Argentina sino también con Brasil y con los demás países involucrados que aceptan el peaje», confió a Tiempo una fuente diplomática.
En ese contexto el canciller Santiago Cafiero anunció este miércoles que habían encontrado una salida inicial a la disputa. «Llegamos a un acuerdo porque, si bien visiblemente la discusión fue con Paraguay, tambien estaba afectada Bolivia y Brasil. En la reunión se logró labrar un acta sobre el acuerdo. Es positivo porque cortamos la posible escalada dialéctica sobre el tema. Lo dejamos en un espacio técnico con un plazo de 60 días para repasar las obras que se van haciendo. Se desescaló el conflicto y es importante porque hasta acá no nos habíamos podido juntar. Era tal la verborragia que no habíamos podido dialogar», detalló el jefe del Palacio San Martín ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
En su exposición defendió el peaje. Sostuvo que son para financiar «obras desde Santa Fe hasta Confluencia que hacían que se recupere una navegabilidad de 24 horas. Básicamente son obras de dragado y balizamiento, pero son estructurales», explicó Cafiero y contó el origen del peaje.
«Durante las concesiones anteriores, lo que se planteaba es que el peaje se cobre unicamente desde Santa Fe aguas abajo, es decir, hasta el Río de la Plata. Sin embargo a partir de 2010 quedó establecido que iba a haber un peaje, o una transferencia para obras que tenían que hacer quienes utilizaran la Hidrovía pero que quedaba momentáneamente en un monto cero. Lo que se hizo fue ponerle un monto acorde para que los argentinos y argentinas paguen el transporte fluvial de empresas privadas que viajan por la Hidrovia. Como cualquier camionero brasileño o paraguayo que paga peaje», dijo el canciller. «Ese tramo representa 36 millones de dólares anuales. Se puso un valor que no excede ese monto. No hay discriminación, no violamos el Tratado de Santa Cruz de la Sierra, porque es una tasa para pagar un servicio», defendió.
«No hay discriminación de bandera. Lo hacemos para garantizar la navegabilidad las 24 horas. Esas obras se tienen que hacer y ese servicio hay que pagarlo y esa es la tasa retributiva», insistió Cafiero, pero evitó reanudar la controversia. «Se mezcló todo. Fue todo parte de un debate sobre la relación bilateral, pero no nos define un peaje en la relación con Paraguay. No nos va a definir eso», aseguró.
La sombra de Washington
Peña asumió la presidencia hace un mes y medio de manos de su antecesor Mario Abdo. Fue el ministro de Hacienda de Horacio Cartés, que presidió el país entre 2013 y 2018, y actualmente preside el Partido Colorado. En enero de este año el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó por corrupción y confirmó el peso de la influencia norteamericana en Paraguay. «Cartés incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. Su carrera política se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito. Se unió al Partido Colorado en el 2009, proporcionando inversiones financieras e incentivos para convencer al partido de eliminar su requisito de afiliación de 10 años, para permitirle postularse como candidato presidencial del partido», sostiene la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
El organismo sostiene que el expresidente «pagó a los miembros del partido hasta 10.000 dólares cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales, con pagos que oscilaron entre 5.000 y 50.000 por cada miembro. Cartés aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes»,
La acusación también apunta al exvicepresidente Adalberto Velázquez. «También se ha involucrado en prácticas para interferir en procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva», sostiene la OFAC, que depende del Tesoro, conducido por Janet Yellen.
