A punto de iniciar su actividad formal, el Congreso se convirtió en caja de resonancia del escándalo que estalló por el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino SA. El Bloque Justicialista hizo un pedido de informes, el Frente para la Victoria solicitó que se conforme una bicameral, y se sumaron varias denuncias judiciales. La Coalición Cívica de Elisa Carrió, por su parte, recién analizará los pasos a seguir la semana que viene. Si bien el pedido de juicio político a funcionarios del Poder Ejecutivo se ve lejos en el horizonte, Tiempo Argentino pudo saber de fuentes legislativas que no se descarta, según se vayan conociendo los alcances del acuerdo.
Guillermo Carmona, diputado del FpV, presentó el viernes el proyecto de creación de una comisión bicameral para investigar los negocios y la relación que tuvo y tiene la familia Macri con el Estado Nacional. Desde el mismo bloque, se presentó una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri; el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa funcionario que firmó el acuerdo por «defraudación contra la administración pública» ya que argumenta que se le perdona a la familia Macri una deuda con el Estado de 70 mil millones de pesos. La denuncia recayó en el Juzgado Federal 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, e investiga el fiscal Federico Delgado.
Por su parte, el Bloque Justicialista presentó un pedido de informes elaborado por Pablo Kosiner para conocer «los estudios previos y antecedentes que fueron considerados al momento de la aceptación de la oferta». También pretenden indagar sobre la competencia de Mocoroa, «que además detentaba el cargo de forma transitoria, por 180 días» para actuar como representante del Estado. Por último, también pregunta si «los mecanismos para evitar potenciales conflictos de interés fueron puestos en funcionamiento antes de decidir sobre un conflicto judicial entre la familia del presidente de la Nación y el Estado». En tanto, ya están armando un segundo pedido, esta vez con la lapicera de Diego Bossio, para indagar sobre «el conflicto de intereses y cuál es el argumento jurídico para aceptar un mal acuerdo».
Si bien quedó un poco tapado por el escándalo del Correo, el FpV también presentó un proyecto de ley para crear una comisión bicameral investigadora de delitos vinculados con el incendio de los depósitos de la empresa Iron Mountain hace tres años en Barracas. Su objetivo es «investigar las modalidades de un esquema implementado para destruir información y documentación probatoria de diversos delitos fiscales en trámite ante el Poder Judicial» y «establecer las con-causales en que hubieren incurrido las instituciones facilitadoras de la modalidad de evasión fiscal, en cuanto al ocultamiento». «
