En la Ciudad de Buenos Aires hay 22 Centros de Desarrollo Infantil –CeDI-, que maneja el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, dirigido por María Migliore, donde cada uno alberga (según el espacio) de 18 a 86 niñas y niños de 45 días a tres años de edad. Muchos de estos centros antes eran jardines de infantes que dependían del Ministerio de Educación porteño y pertenecían al ámbito de la enseñanza pública y gratuita, conformados con equipo de docentes y directivos como cualquier jardín oficial. Con los años, algunos jardines fueron desvinculados de la cartera educativa y transformados en centros de asistencia para los sectores más postergados. Eran escuelas públicas y fueron transformadas en establecimientos preventivos de proyección social.
Las diferencias entre uno y otro son enormes, pero básicamente se puede sintetizar en que una escuela infantil tiene un programa educativo que depende del Ministerio de Educación, con un plantel docente preparado para la formación de los más pequeños, con un seguimiento pedagógico, con trabajadores y trabajadoras cuyos derechos laborales están amparados en el estatuto docente; y los CeDI, no. Cuando las familias buscan un lugar en la educación pública y ante la falta de vacantes quedan excluidas del sistema educativo, muchas de ellas son derivadas a estos CeDI o a los CPI. En las últimas horas se conoció que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, subastará un edificio público donde funciona un Centro de Desarrollo Infantil ubicado en Pringles N° 340/42/44 de la Comuna 5, uno de los 22 establecimientos de este tipo en la Ciudad.
Parte de un plan
En esa Comuna hay una carencia de vacantes de alrededor de 500 chicos que en este 2021 buscaban un lugar en la educación pública y que cada año se incrementa por falta de escuelas. Pese a esto, el Gobierno de la Ciudad quiere llevar adelante el remate de ese edificio el miércoles 2 de junio con una base de USD 295.081; pero, además, avanza en la subasta de un predio lindero ubicado en Pringles 354 que también podría utilizarse como una Escuela Infantil. Por esta situación, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) realizó varias presentaciones judiciales para detener ambos remates y, al mismo tiempo, impulsa una campaña para que el gobierno porteño transforme a esos edificios en un gran jardín de infantes y que esté amparado bajo el ala del Ministerio de Educación de la Ciudad que dirige Soledad Acuña.
“Como sabemos el Gobierno de la Ciudad ha llevado un plan sistemático de ventas de tierras públicas de edificios y departamentos de alrededor de 60 inmuebles, que figuran edificios donde funcionaba un Centro de Desarrollo Infantil, entre los que se encuentra el de Pringles 340 a 344”, detalla en diálogo con Tiempo el titular del ODC Jonatan Baldiviezo. “Nos encontramos con un manejo de los bienes del Estado para favorecer a negocios especulativos y no para favorecer a las necesidades de la comunidad educativa ante la falta de miles de vacantes en la educación pública”.
Baldiviezo se refiere a la Ley 6.287 que fue sancionada por la Legislatura porteña el 5 de diciembre de 2019, solo con los 42 votos del oficialismo porteño, y que autorizó la venta de 58 inmuebles que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires catalogó como “innecesarios” para su gestión, según fue publicado en su momento en el Boletín Oficial. A la gravedad de este hecho, se suma que durante el tratamiento de este proyecto de Ley no se realizó ninguna instancia de participación ciudadana, a pesar de que “el Plan Urbano Ambiental obliga a que el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles porteños debe llevarse adelante en varias instancias de participación”, agrega Baldiviezo. Se calcula que la venta de estos predios representa una superficie total de 40 mil m2.
En este marco, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPYPP y la Defensoría de Laburantes; presentaron un amparo colectivo para que se declare la inconstitucionalidad la ley N° 6.287 que habilita la venta de esos inmuebles del Estado, con el fin de evitar la privatización de los mismos. “Lamentablemente cada una de las medidas cautelares que presentamos fueron rechazadas por la Sala IV del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Esta es la misma sala que suspendió ilegalmente la vigencia del DNU presidencial que ordenaba el cese momentáneo de las clases presenciales” termina Baldiviezo. Este polémico juzgado porteño, está conformado por el juez Marcelo López Alfonsín; la magistrada Laura Alejandra Perugini; y por Nieves Macchiavelli, hermana del actual Secretario General del PRO y titular de la cartera de Ambiente porteño, Eduardo Macchiavelli.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad afirman que el dinero que se obtiene de estos remates es destinado, a pagar Estudios de Opinión Pública y encuestas electorales como las que realizó el gobierno en abril de este año por más de $800 millones de pesos, o para costear la infraestructura de servicios para mega emprendimientos privados como el Parque de la Innovación, donde se adjudicó a la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. la construcción de las veredas y la infraestructura de servicios por un monto de $998 millones de pesos.
