Después de la sucesión de empresarios que se incorporaron como arrepentidos  a la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli comenzaron a trabajar sobre testimonios que apuntan a reconstruir el destino del dinero supuestamente destinado al pago de coimas a exfuncionarios. Abrigan la esperanza de encontrar una puerta en la confesión del financista Ernesto Clarens, titular de la financiera Invernes e implicado en una causa de Lázaro Báez, quien declaró el viernes en Comodoro Py.

A su vez, el fiscal recibió en las últimas horas un expediente judicial proveniente de Mar del Plata que parece mostrar un circuito de circulación de dinero presuntamente ilegal vinculado con el exsecretario de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz, mediante una triangulación entre la Argentina, Andorra y Estados Unidos.

La causa es, en rigor, una investigación sobre cuevas financieras en la ciudad balnearia, que está a punto de naufragar pese a un puntilloso trabajo de la Procuración contra el lavado de activos (Procelac), la  fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti.

Un fallo de la Cámara Federal marplatense declaró nula, por una formalidad, toda la pesquisa, y si bien la Cámara Federal de Casación revirtió esa situación, la causa fue a parar a la Corte Suprema y, entretanto, buena parte de la prueba está a punto de perderse.

La fiscal se enteró de la denominada «causa de los cuadernos» por la prensa. Un artículo periodístico aseguró que «las inversiones de Muñoz en los Estados Unidos habrían sido realizadas directamente o a través de ‘unos amigos marplatenses’, Sergio Todisco y María Ortiz Municoy, con la intervención de las empresas Ocean Silver Inc., Ocean Silver of South Florida Inc., Municoy International Properties Inc., Harbon Golden Inc., North Golden Inc., Free Experience Inc., Dream Limited, Golden Enterprises Inc., Mother Queen Inc., Successful Ideas Inc., First Alla Inclusive Inc., South Golden Inc, y Ocean Golden Inc.». Relacionó esos datos con otra información que ya había remitido a Stornelli en el marco de otra causa en mayo pasado y el hilo que unió a ambos expedientes saltó solo.

En la investigación por las cuevas marplatenses, en la que aparecen salpicadas casas de cambio y operadores de turismo locales y nacionales, el juez Inchausti libró exhortos internacionales a varios paraísos fiscales buscando cuentas que permitieran trazar la ruta del dinero girado al exterior por los imputados en ese expediente, que parecía  no tener vínculo alguno con lo que estalló en Buenos Aires a partir de las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, el exchofer del imputado Roberto Baratta.

Uno de los pocos que respondió fue el Principado de Andorra. De acuerdo con documentación a la que accedió Tiempo, entre el 28 de marzo de 2012 y el 26 de agosto de 2013, Francisco Fernando García Navarro, Oscar Norberto Rigano y Rubén Seret, tres operadores financieros investigados en Mar del Plata, «tras recibir en la Argentina fondos de su cliente Sergio Todisco y siguiendo sus instrucciones, autorizaron transferencias de dinero que superarían la suma de 2.259.200 dólares desde cuentas abiertas en la banca Privada de Andorra, de titularidad de diferentes sociedades constituidas en Panamá”.

Todisco está sospechado de ser una «persona interpuesta» (testaferro) del difunto Muñoz. El dinero fue girado, según la respuesta de Andorra, «hacia la cuenta número AD1100060008281200541171, también abierta ante ese banco, cuyo beneficiario final era el mismo Todisco».

El tribunal marplatense y la Procelac informaron sobre esos movimientos al fiscal Stornelli ya que este interviene no sólo en la causa de los cuadernos sino también en otro expediente por presunto enriquecimiento ilícito de Muñoz, que se mantiene abierto ante el juzgado federal porteño número nueve, a cargo del magistrado Luis Rodríguez.

El reporte que recibió Stornelli puntualiza que del dinero triangulado Argentina-Andorra-Estados Unidos, «al menos parte de esos fondos –en principio, con claridad, un millón de dólares– fueron utilizados para la realización de operaciones inmobiliarias en los Estados Unidos, entre las cuales la adquisición de la Unidad 1103 del Condominio Turnberry Ocean Colony North Tower». Ese es uno de los inmuebles que, según sospechan los investigadores, perteneció en realidad a Muñoz. «