La constructora  Rovella Carranza, sospechada de corrupción por sus vínculos con el ex secretario de Obras Públicas José López -detenido y en juicio oral por sus bolsos llenos con unos nueve millones de dólares-, continúa obteniendo contratos de obra pública nacional y provincial durante el gobierno de Mauricio Macri con el acompañamiento tácito o directo del Poder Judicial. La Procuración General de la Nación, mediante un dictamen firmado por la procuradora adjunta Laura Monti, recomendó que la Corte Suprema se haga cargo, como tribunal originario, de un reclamo que Rovella Carranza le formuló al gobierno de Jujuy para que lo exima del pago de los impuestos a los ingresos brutos y de sellos. La empresa lleva adelante en el territorio gobernado por Gerardo Morales una obra firmada con el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), que tiene por objeto la construcción de “líneas de alta tensión y de una estación transformadora «LAT 132 Kv Simple Terna Alto Padilla – El Volcán y Nueva Estación Transformadora 132/33/13.2 Kv El Volcán».

Rovella Carranza siempre negó su supuesta relación con López y sus bolsos. Su vicepresidente, León Zakalik, declaró ante el juez federal Daniel Rafecas –a propósito de un artículo publicado en La Nación en setiembre de 2013 en el que se denunciaba ese presunto vínculo- que “jamás su representada fue ilegalmente beneficiada con la adjudicación de una obra pública”. Y aportó “un detallado análisis de la composición societaria de la misma de la cual se desprende que en la comunidad de accionistas y directores no hay vínculo alguno con José López”.

Sin embargo el fiscal Federico Delgado sospechó siempre que esa relación efectivamente existía y deslizó que podía ser incluso más profunda que un simple conocimiento entre un funcionario con poder de decisión y un gran contratista del Estado: “Rovella, con la directa colaboración de López, habría sido beneficiada con obras públicas, cuyos concursos se caracterizaron en ocasiones por falta de competencia y arreglos entre contratistas que el propio López se habría encargado de llevar a cabo, según fuentes políticas que sospechan que el secretario y algunos de colaboradores habrían utilizado a esta empresa para hacer sus propios negocios, asegurándole tanto los mencionados concursos como pagos certificados incluso antes de su vencimiento”.

Pero el rayo pulverizador de la corrupción que anunció Cambiemos para llegar al gobierno parece haber ignorado, hasta hoy, ese supuesto trazo grueso que vincula a Rovella con López y sus bolsos. La empresa fue contratista en la Capital Federal durante la gestión de Macri (intervino en la construcción del Metrobus, por ejemplo). De hecho, el expediente por el cual la empresa constructora reclama la exención impositiva a Jujuy lleva el número 91/18, es decir que se trata de una causa iniciada en 2018, este mismo año, casi en simultáneo con el juicio oral contra el ex secretario de Obras Públicas.

López sí, o López no, lo cierto es que Rovella busca en la justicia lo mismo que cualquier otra empresa; reducir sus costos a como dé lugar para maximizar su rentabilidad. Según explica el dictamen de la Procuración General, la empresa “requiere el dictado de una medida cautelar por la que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en esta causa,  se ordene a la Provincia de Jujuy que se abstenga de reclamar, administrativa o judicialmente, el pago del impuesto sobre los ingresos brutos en relación a la actividad que realiza la empresa e idéntica medida disponga respecto del impuesto de sellos”.