Con varias consignas sintetizadas en frases que reclamaron “Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable”, desde Congreso hasta la Plaza de Mayo y en varios puntos de las principales ciudades argentinas, familiares de víctimas, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos se movilizaron en la 4º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Se realizó en una etapa sociopolítica del país sintetizada por la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), una de las marchantes: «Vivimos un momento de recrudecimiento de políticas represivas del Estado con un Gobierno que promueve a diario el gatillo fácil como política pública», definió. “Es más importante que nunca que salgamos a la calle. El incremento de la política represiva está directamente relacionada con la situación social porque el represión sigue al ajuste como la sombra al cuerpo”, señaló.

Con una cobertura mediática colaborativa y escasa presencias de los medios dominantes, el reclamo de justicia de los familiares compartió camino en esta ocasión con el de los trabajadores despedidos de la agencia estatal de noticias Télam, acompañados por su compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), y medios alternativos, comunitarios y barriales como La Poderosa, que en sus pancartas pidió “Control popular a las fuerzas de seguridad”.

Los nombres, las fotos, las remeras con los rostros de cada una de las víctimas de diferentes casos de muertes causadas por el gatillo fácil a manos del Estado predominaron en la numerosa columna, que llegó desde Congreso por Avenida Rivadavia, cruzó la 9 de Julio para llegar por Avenida de Mayo a la Plaza.

Y allí, las voces de los familiares de las víctimas, que en más de una ocasión suelen ser silenciadas, se escucharon: “Este gobierno le tiene odio y fobia a los pobres y más a los pibes. Los matan como si nada. Estar acá todas juntas nos da fuerza a todas”, dijo Dolly Demonty, madre de Ezequiel Demonty.

Angélica Urquiza, madre de Jonathan “Kiki” Lezcano, planteó: “»Es muy doloroso saber que hay más remeras y más carteles. Esto se tiene que terminar. Hoy es un principio para la justicia. Que vean todos que estamos organizadas”.

Previamente, en un comunicado, las organizaciones impulsoras de la marcha evaluaron: “Estas formas de represión son ejercidas de manera sistemática a lo largo y a lo ancho del país y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes, donde se suceden impunemente, además de asesinatos por parte de las policías, múltiples formas de represión contra los más vulnerables: redes de trata, como de la que fue víctima Johana Ramallo, desaparecida desde julio del año pasado, femicidios, travesticidios, o hasta el impulso de acciones lesbofóbicas como la que originó la prisión de Eva de Jesús (Higui)”.

Otro de los ejes que sobrevoló la marcha, giró en torno a que los casos registrados no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una política represiva estatal coordinada y potenciada a medida que se profundizan las problemáticas sociales.

Según la CORREPI, desde el retorno de la democracia hubo en Argentina más de 5500 casos de gatillo fácil y sólo en los dos primeros años de gobierno de Cambiemos murieron 725 personas en este tipo de casos de violencia institucional.

Más allá de la movilización central de Congreso a Plaza de Mayo, que arrancó alrededor de las 16 horas, también se produjeron marchas en Córdoba, San Juan, Mendoza, Chubut, Bariloche, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Rosario, Mar del Plata, entre otras ciudades. En la CABA, los marchantes también expresaron su rechazo al respaldo del Gobierno a la llamada “Doctrina Chocobar”.

Entre los presentes en la Plaza de Mayo, se encontraban los familiares de Facundo Ferreira, el nene de 11 años asesinado por policías tucumanos, así como de Rafael Nahuel, baleado y muerto por la espalda por prefectos que se encuentran en libertad.