El fallo que condenó a Cristina Kirchner sostiene que la victoria de Mauricio Macri en el balotaje de 2015 salvó a la Argentina. «Tras conocerse el resultado del escrutinio de la segunda vuelta electoral del año 2015 y ante la derrota del candidato presidencial del espacio político liderado por la expresidenta Fernández de Kirchner, se precipitó una serie de acontecimientos que constituyeron, en definitiva, el cierre de la operación delictiva iniciada allá por el año 2003». El textual de la página 996 del fallo aparece disimulado en la larguísima parrafada, que no ahorra consideraciones políticas ni calificaciones de menoscabo para el gobierno 2003–2015.

Puestos casi en analistas políticos, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini consideraron que «la maniobra defraudatoria tuvo un final signado por el mismo suceso que determinó su comienzo: un resultado electoral. Este acto, democrático por antonomasia y reivindicativo de la estabilidad del modelo de Estado elegido por nuestros constituyentes, definió a su vez el desenlace del plan criminal y su cese ejecutivo». El triunfo de Cambiemos fue poco menos que una epopeya, según la singular visión de los jueces.

Las consideraciones políticas y, especialmente, las omisiones y renuencias a juzgar hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno 2015–2019 muestran una vez más el profundo odio que la corporación judicial –en su ala dominante, la más conservadora– tiene para con Cristina Fernández de Kirchner. No es una antipatía generalizada con todo el Peronismo; con algunos de sus referentes incluso tienen diálogo, afinidad y proximidad. El fetiche maldito de ese sector del Poder Judicial tiene nombre y apellido excluyentes.

En ese contexto hay que entender la parálisis en las investigaciones que tienen a Cristina Kirchner como víctima. La Cámara Federal porteña mostró su desesperación por enviar ya mismo la causa por el intento de magnicidio a juicio oral con sólo tres acusados, uno de los cuales (Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar «Los Copitos») ni siquiera está claro por qué está allí.

La corporación judicial sostiene que a CFK la quisieron matar tres loquitos sueltos. Nada más. «Las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa», sostuvo el camarista Mariano Llorens, quien se exhibe como el más apurado para que la causa por el magnicidio se termine pronto. «Luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva. (…) Entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder y así lograr una pronta realización del juicio».

¿Qué está pasando con la investigación?

El fiscal Carlos Rívolo rechazó la exigencia de la Cámara y de la jueza María Eugenia Capuchetti (de quien parece definitivamente distanciado) para clausurar la investigación y elevar el expediente a la etapa de juicio. Entre otras razones, porque decidió jugar la última carta para recuperar el contenido del teléfono del frustrado asesino, Fernando Sabag Montiel. Fuentes de la investigación dijeron a Tiempo que queda sólo un intento más para acceder a lo que alguna vez tuvo ese teléfono; si fracasara, jamás se sabrá qué contenía, lo que sería funcional y perfecto para robustecer la teoría sobre un lumpen que actuó solo y sin motivación política.

Asoman dos posibilidades de recupero: enviar el aparato a una oficina especial del Departamento del Interior del gobierno de los Estados Unidos o la eventual llegada desde Corea de técnicos de la empresa Samsung.

Entretanto, Sabag Montiel sigue arrumbado y olvidado en una celda del Servicio Penitenciario Federal. Nadie lo visita, no tiene prácticamente contacto con otros presos ni comunicación con el mundo exterior. Semanas atrás intentó designar como nuevos abogados defensores a Leonardo Sigal y Pablo Becerra, socios en un estudio jurídico de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Pero tras un contacto con él, desistieron. ¿Cómo fue que el imputado los conoció, si sólo tiene contactos con los carceleros y esporádicos con otros presos?

Los otros detenidos están un poco mejor. Brenda Uliarte recibe visitas periódicas y Carrizo también se reúne con su abogado, Gastón Marano, y cada viernes ve a su supuesta pareja, Maira Mansilla Cuadros, quien se ofreció como garante para la prisión domiciliaria.

Los abogados de CFK, José Ubeira y Marcos Aldazábal, suponen que de «novia» no tiene nada y que su aparición es una triquiñuela para sacar a Carrizo de prisión. «No se encuentran registros telefónicos de contactos, de llamados ni de mensajes», sostuvo la Cámara Federal al rechazar la domiciliaria. «Está agendada con un apodo y tiene cientos de llamados», responde la defensa del copito mayor.

Para aclarar la situación, Mansilla Cuadros fue citada a declarar en calidad de testigo para el próximo 15 de marzo.

¿Y Revolución Federal? La agrupación de extrema derecha está inactiva, acaso como una célula dormida. Los abogados de la vicepresidenta apelaron la rebaja de la calificación con la que los benefició –cuándo no– la Cámara Federal. «No debe generar temor o vergüenza hablar de política y analizar contextos políticos, y menos aún cuando los delitos que se investigan son políticos y tienen como víctimas directas a sujetos políticos. Al contrario, lo que sí debe generar vergüenza es evitar hacerlo y de esa forma dejar impune a un grupo de agresores de esta naturaleza (o beneficiarlos con una calificación jurídica más beneficiosa)».

Pero también los abogados Gerardo Pardo y Gustavo Romano Duffau, defensores de Sabrina Basile –la hija del «Coco»– apelaron, en su caso pidiendo su desvinculación total de la causa. «Su incriminación se basa en la sola circunstancia de haber integrado una temporal agrupación, ahora sin la connotación delictiva que le había otorgado el desmesurado pronunciamiento del instructor», el juez Marcelo Martínez de Giorgi, cuando la procesó.

El otro movimiento en ese expediente fue que finalmente, tal como anticipó Tiempo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) accedió al Google Drive del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel. Eso generó alguna expectativa, porque es tanta la cantidad de información encontrada que fue necesaria una segunda jornada para completar la extracción. «