Luego de tres años de negociaciones entre Roma y Buenos Aires, el Vaticano finalmente anunció que finalizó el proceso de organización y digitalización de sus archivos secretos sobre la última dictadura y que próximamente se abrirán a la consulta de las víctimas y familiares directos de los desparecidos.
La información había sido anticipada el 19 de marzo por el obispo de Chascomús y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Carlos Malfa, que se negó a dar fechas de publicación, pero explicó que estaban «ordenando» el material para darlo a conocer. Por entonces faltaban cinco días para el 40 aniversario del último golpe cívico-militar.
Siete meses después de esa conmemoración, la Santa Sede y el episcopado argentino difundieron a las 8 de la mañana de este martes un comunicado conjunto donde informaron en Roma y Buenos Aires que se abrirán los documentos de la dictadura en los archivos del Episcopado, el Vaticano y la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires.
Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado, según indicó el comunicado.
La Iglesia destaca que el trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro.
Además de familiares y víctimas, se informó que, en los casos de religiosos o eclesiásticos víctima de la dictadura, también podrán acceder sus superiores mayores.
Las versiones de una posible desclasificación de documentos arreciaron ayer, luego de que la CEA convocara a una conferencia de prensa para este martes a las 10, con el fin de dar detalles sobre «un comunicado conjunto entre el Vaticano y la CEA». Sin mencionar el contenido de ese texto, el episcopado desató una serie de interrogantes que finalmente fueron confirmados esta mañana.
Antecedente: el decreto de Bergoglio de 2013
La primera fase de las desclasificaciones fueron decididas por Bergoglio el 11 de julio de 2013, cuando firmó el primer motu proprio de su gestión al frente de la Santa Sede.
Muchos los conocen como los archivos secretos del Vaticano, pero en realidad son los archivos personales de cada Papa y están separados por papado. Nunca fueron abiertos, hasta que Juan Pablo II rompió con esto y sólo permitió el intercambio de información que tuviera la Santa Sede sobre detenidos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, explicó a Tiempo el entonces embajador ante la Santa Sede Juan Pablo Cafiero en la edición del 2 de noviembre de 2014.
El decreto que firmó Francisco, y que tuvo a Cafiero como un impulsor inicial, estuvo dedicado a redefinir y ampliar la competencia de las autoridades judiciales del Vaticano en materia penal y puso en marcha los añejos mecanismos administrativos para abrir los archivos personales de cada Papa, también conocidos como los archivos secretos vaticanos.
La medida comenzó a regir desde su publicación en el Osservatore Romano. Se concretó el 1 de septiembre de 2013 y, entre otros efectos, habilitó un sistema de cooperación para que la Secretaría de Estado entregue la documentación que sea requerida por vía judicial con el fin de esclarecer crímenes y otras investigaciones donde estén involucrados funcionarios con sotana.
Para la Argentina, esa decisión pontificia abrió la posibilidad de acceder a la documentación que tenga el Vaticano sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la última dictadura militar. Cuando la medida había cumplido un año y el protocolo local ya llevaba nueve meses, ningún magistrado argentino había cursado alguna solicitud a través de la cancillería para pedir la documentación que el Vaticano estaba dispuesto a entregar por primera vez en su historia.
Las precisiones fueron acordadas el 6 de febrero de 2014, luego de una audiencia privada, promovida por la cancillería, donde el Papa recibió a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, junto a otros 4 funcionarios, para «establecer mecanismos de cooperación a partir del decreto firmado por Francisco».
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