La Asociación de Magistrados hizo público nuevamente su rechazo al traspaso de la Justicia nacional a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y se esperan amparos judiciales para frenar o demorar la decisión.

En un duro comunicado, la histórica organización que nuclea a jueces, fiscales y defensores presidida por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero rechazó “enfáticamente” la decisión del gobierno nacional.

“Ante la inminencia de la suscripción entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un convenio para la transferencia de funcionarios, empleados, órganos y competencias de la Justicia Nacional Penal al ámbito de ésta última, esta Asociación rechaza enfáticamente dicha decisión como ya lo ha manifestado en anteriores oportunidades”, señalaron los funcionarios judiciales.

Indicaron allí “el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas”, y advirtieron “la gravedad de enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, conforme las normas allí vigentes”.

Consideraron que “esta estabilidad precaria conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes”, y destacaron que es más grave aún ya que se traspasará en esas condiciones los delitos contra la administración pública que pudiesen cometer las autoridades del Gobierno de la Ciudad.

Indicaron, además, que el traspaso de los Ministerios Públicos “atenta contra las garantías de autonomía e independencia consagradas en el artículo 120 de la Constitución Nacional”.

En el mismo sentido se pronunció la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, gremio encabezado por Julio Piumato.

“La UEJN rechaza el traspaso por inconsulto e inconstitucional”, arrancó el texto difundido por el gremio al asegurar que la metodología del traspaso “no considera en absoluto la voluntad de los trabajadores, equiparándolos prácticamente con bienes muebles”.

Denuncian allí también el estado en que se encuentra la Justicia de la Ciudad, que “lejos de focalizar sus esfuerzos en el servicio de justicia, responde a un reparto comiteril que no prioriza la independencia Judicial sino los intereses y relaciones entre las distintas fuerzas políticas de la Ciudad”.

“Ratificamos el estado de alerta y movilización, en repudio a esta inoportuna firma, en el mes de feria, de este convenio”, concluyeron.