Diputados de Juntos por el Cambio se hicieron eco de las declaraciones de la ex ministra de seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre supuestas irregularidades en el contrato por las vacunas del laboratorio Pfizer y llevaron la cuestión a los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
La denuncia fue presentada por los diputados Omar De Marchi, Waldo Wolff, Alvaro De la Madrid, María Carla Piccolomini, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enriquez y Federico Zamarbide, y quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo bajo el número 3060/2021.
Los legisladores pidieron que se investiguen los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles, cohecho pasivo y activo, abuso de autoridad y violaciones de los deberes de funcionario público”.
Según el texto, los funcionarios argentinos favorecieron a los laboratorios que contaban con un “socio local” para elaborar las vacunas y descartaron a Pfizer porque no lo tenía.
“Según fuentes de distintas publicaciones periodísticas, al laboratorio Pfizer se le exigió desde el gobierno contar con un socio local. Lo cierto es que la autorización no se ha otorgado a pesar de haber sido el laboratorio que desde julio de 2020 anunció que le daría prioridad a la Argentina en el abastecimiento de vacunas, ofreciendo entregar 13,3 Millones de dosis de vacunas y un total de 5.762 argentinos participaron de las pruebas de la vacuna Pfizer que se hicieron en el Hospital Militar de Buenos Aires”, sostiene la presentación.
Ese había sido el tenor de la denuncia que había realizado públicamente había realizado Patricia Bullrich en un programa de TV.
Los diputados de Cambiemos reclamaron “que se investiguen las razones por las cuales Argentina no logró contar con vacunas contra el Covid-19 a tiempo para proteger a su población, conocer los motivos por los que, supuestamente, y de acuerdo a dichos oficiales, no se llegó a firmar acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas, que podría implicar la comisión de un ilícito penal y el trato distinto que desde el gobierno se dio a los diferentes laboratorios que han ofrecido sus vacunas”.
La denuncia procura que se investigue el “comportamiento de funcionarios públicos que han negociado con los laboratorios y han actuado, como mínimo, de forma incompatible con sus funciones”.
“Esta presentación permitirá conocer claramente qué contratos se firmaron y cuáles no, con quiénes se firmaron y cuál es el contenido de cada uno, transformándose en la herramienta central a los efectos de esta investigación”, añade el texto.
Los legisladores denunciaron que “es algo público, luego de transcurridos varios meses de negociaciones, que el gobierno nacional privilegió y autorizó la venta de vacunas a laboratorios que tenían en la Argentina socios locales, dejando fuera a quienes no los tenían”.
Así ejemplificaron que “respecto a la vacuna de origen chino Sinopharm, aparece nuevamente Hugo Sigman quien, como titular de la empresa Elea se asoció con Phoenix SRL y la Fundación Huésped (fundada por el Dr. Pedro Cahn, Asesor del Poder Ejecutivo Nacional) para hacer las pruebas y representar en la Argentina a Sinopharm”.
“La empresa Elea es parte del grupo Insud de Hugo Sigman, que tiene gran influencia en Cilfa (Asociación de Laboratorios Nacionales), quienes apoyan a Fundación Huésped (fundada por el Dr. Pedro Cahn), en cuyo staff figura la actual Ministra de Salud Carla Vizzotti”, insistieron.
En ese contexto, la denuncia parece apuntar a la Vizzoti: “No es menor que haya contratado por 143 millones de pesos el tratamiento de suero equino a la empresa Elea de Hugo Sigman, a mil dólares por paciente”.
La denuncia también menciona a “Marcelo Figueiras, propietario de Laboratorios Richmond, se asoció con Gamaleya y con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para fabricar la vacuna Sputnik”.
