Default de letras y títulos, canje de bonos, cepo al giro de utilidades para los bancos. La capitulación de la restauración conservadora suma postales patéticas y nuevos costos a la factura que deberá pagar el gobierno que viene. La cuenta ya era abultada. Pero Mauricio Macri, en modo Nerón luego de la derrota electoral, activó esta semana el saqueo final del país que dejará como tierra arrasada.

En agosto se fugaron unos 13.800 millones de dólares. Sólo el viernes se escurrieron 1950 millones de dólares. El doble que la jornada anterior. Son cifras récord. La velocidad de la sangría fue propiciada por el propio gobierno, que alumbró un evento de default sin cerrar el grifo de dólares. Por el contrario, en la conferencia de prensa del miércoles, el ministro de Hacienda Hernán Lacunza especificó que la postergación en el pago de títulos dotaría de más recursos al Banco Central para hacer frente a la corrida. O sea: el gobierno se propone servir más dólares a un mercado voraz.

Con conducta típica de chico rico, el presidente responsabiliza a otros de sus acciones. En las últimas dos semanas, Macri culpó por la sangría al “proceso electoral”, al resultado de las PASO, al opositor que le sacó quince puntos de ventaja y a los dos tercios de argentinos que no lo votó. La excusa, además de antidemocrática y bochornosa, es falsa. En la previa de las PASO se batieron récords de “formación de activos externos del sector privado no financiero”, con 10.881 millones de dólares fugados en seis meses, según el BCRA. El vació de poder pos primarias, en tal caso, recalentó un proceso que ya operaba en altísima temperatura: según los datos oficiales, durante el macrismo se fugaron unos 70 mil millones de dólares.

Un informe de Cifra-CTA, sin embargo, considera que la cifra de la sangría es mayor. Y revela una estrecha relación entre la fuga y la deuda. “El inédito proceso de endeudamiento público durante la gestión de Cambiemos provocó un aumento de USD 107.525 millones en el stock de deuda pública en moneda extranjera”, indicó el centro de estudios, que dirige el economista Eduardo Basualdo. “En conjunto ambas variables (la fuga y los intereses) contabilizaron USD 106.779 millones entre diciembre de 2015 y junio de 2019, monto que equivale al 99,3% de la deuda contraída” concluye el informe. 

La nítida coincidencia entre deuda y fuga coloca en una posición incómoda al FMI. En abierta violación a sus propios estatutos, el fondo puso 50 mil millones para alimentar la sangría, favorecida por la desregulación absoluta del mercado de capitales. La liberalización del flujo de divisas está en el ADN del modelo macrista, basado en la especulación financiera y el vaciamiento del Estado en beneficio de los negocios privados. Con el cepo al giro de dividendos de la banca, anunciado el viernes, el macrismo empezó a arriar su última bandera. Pero aún puede profundizar el daño. 

El gobierno se propone extender los plazos de bonos que vencen en el próximo lustro. Son títulos que hoy en el mercado se rematan a valor de defualt. ¿Cuál sería el incentivo para que los bonistas acepten postergar el cobro de esos papeles depreciados? El Estado ofrecería acercar la tasa de interés de esos títulos – emitidos con tasas de un dígito-, a los 20 puntos que debería pagar hoy la Argentina si saliera a tomar deuda en los mercados. Una oferta más que generosa en un mundo donde las tasas son modestas, o incluso negativas.

¿Acaso el Gobierno aprovecha la crisis para robustecer las ganancias futuras de los especuladores? La íntima relación entre el propio Macri y buena parte de su gabinete con la piratería financiera habilita la sospecha. 

En una movida tan hábil como perversa, el gobierno buscará la complicidad del Congreso con una ley que habilite el canje. Los gobernadores tienen razones para votar a favor: el 60% de las inversiones provinciales están colocadas en títulos nacionales. 

La jugada del macrismo obliga a la oposición a intentar una compleja carambola: proteger las finanzas provinciales, evitar que se los acuse de poner «palos en la rueda» y bloquear el saqueo final que condicionará aún más al próximo gobierno.

Total normalidad.