Los reclamos por el Salario Básico Universal se hicieron eco en las calles este jueves. Las organizaciones sociales unificaron fuerza y diagramaron esta semana un plan de lucha para el próximo 20 de julio.  Mientras la nueva Ministra de Economía, Silvina Batakis toma las riendas de la cartera que dejó Martín Guzmán y el INDEC informó una inflación de junio del 5,3%, un sector del Frente de Todos insiste en incorporar esta iniciativa, ya sea por decreto o por una ley del Congreso.  

En medio de las movilizaciones de este jueves a Plaza de Mayo, el ministro de Desarrollo Productivo bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque pidió al gobierno que se incorpore el salario de emergencia en dos meses “por decreto o ley”. “Si no, esto va a tener consecuencias graves y profundas”, indicó el camporista, en una entrevista brindada al portal Letra P. 

Esta semana, en el Senado la vicepresidenta Cristina Fernández convocó a legisladores cercanos para comenzar a trabajar el tema. Se espera que la Cámara Alta presente su propio proyecto. En Diputados, los representantes de las organizaciones sociales que integran el oficialismo insisten en la Cámara de Diputados con el tratamiento del proyecto de ley que propone la creación de un salario básico universal. Aunque con tanta discusión dentro del gobierno sobre cómo administrar los planes sociales, el debate podría darse en agosto, después del receso invernal.  

La iniciativa fue presentada en mayo por Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, que pertenecen al Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois. Contó con el acompañamiento de otros legisladores del sector como Carlos Alderete y Verónica Caliva, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita de Emilio Pérsico, y Natalia Souto, de Barrios de Pie.  

Los mismos diputados sacaron un comunicado respondiendo los cuestionamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández respecto a la tercerización en el manejo de los Potenciar Trabajo. “Los movimientos populares no son formas tercerizadas de ayuda social. Son agentes de transformación”, apuntaba en la misiva.  

Ahora la interna en bloque pasa por los legisladores que pertenecen a movimientos sociales que respaldan o se identifican con el presidente Alberto Fernández. Por esta situación, según pudo saber Tiempo, el tratamiento parlamentario está verde. “La estrategia pasa por construir un consenso en el FdT para poder avanzar en el debate y dictaminar, pero todavía falta”, explicó un referente del espacio, a lo que agregó: “Estamos en una etapa previa, que es el debate político antes de pasar al institucional”. De hecho, la semana que viene se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo, pero sólo tratará un proyecto pendiente vinculado a Comité Mixtos en los ambientes de empleo.  

La iniciativa de la organización de Grabois apunta a un ingreso equivalente a una Canasta Básica Alimentaria por adulto (alrededor de $12.900, de acuerdo con los últimos valores relevados por el Indec) a cambio de una contraprestación, que puede ser el estudio o la realización de talleres relacionados con empleabilidad. Alcanzaría a desocupados, monotributistas sociales, trabajadores agrarios, de casas particulares y de la economía popular.  

Por fuera del Congreso, también el titular de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, Luis D’Elía, salió a pedir públicamente una ley para blanquear a los movimientos e insistió con la creación de un Ministerio para la Economía Popular. La idea ronda en el albertismo para sostener las alianzas principalmente con el Movimiento Evita de Emilio Persico y Somos Barrios de Pie de Daniel Menendez. Ambos funcionarios de la cartera de Desarrollo Social.   

Juntos por el Cambio también se sumó a la discusión. Desde el interbloque opositor, el diputado por la provincia de Buenos Aires Emilio Monzó presentó un proyecto para convertir los planes sociales en empleo. La iniciativa contempla una serie de beneficios para aquellas empresas del sector privado que contraten a beneficiarios del Potenciar Trabajo como una reducción del 100% de las contribuciones patronales al sistema previsional por un plazo de 24 meses. El Estado, además, aportaría el monto del plan social equivalente a medio salario mínimo vital y móvil, como parte del salario del empleado durante 12 meses.

Hay otra iniciativa presentada el año pasado por el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, denominada «puente al empleo», que propone promover la transformación, mediante facilidades como el mantenimiento del plan social por un año, para completar el salario, el acceso a obra social y la ART.  

El texto establece la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales por 24 meses por cada empleado, con un tope de la suma equivalente a dos salarios mínimos por cada uno y con una nómina máxima de 5 a 20 empleados. Ninguno de los proyectos tiene fecha de tratamiento, aunque oficialistas y opositores coinciden en dar el debate, pero todavía las posturas son muy distintas.