La suspensión de las exportaciones de maíz que dispuso el Gobierno esta semana impactó en Juntos por el Cambio como un verdadero llamado de la selva. La medida, como era previsible,  puso en estado de alerta a la mayoría de las entidades que integran la Mesa de Enlace, cuyos representantes dispusieron un «lockout» patronal a partir del lunes, en medio de negociaciones de último momento con la Casa Rosada que podrían desactivarlo. Sin embargo, desde que comenzaron las asambleas de productores en distintos puntos del país para definir las próximas medidas de fuerza, los referentes de la coalición opositora que intervienen en la dinámica agraria buscan ponerse al frente del primer reclamo del sector en el arranque del año electoral.

«Con el cese de comercialización no queremos molestar a nadie. Mucho menos que después se nos eche la culpa por aumento de precios o desabastecimiento como consecuencia de la medida de fuerza», sostuvo este sábado Daniel Pellegrina, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace. «Sólo es un llamado de atención para poner en lo más alto de la opinión pública el malestar del campo contra una medida muy perjudicial.  Esto se suma a muchas otras cuestiones que se dieron el año pasado, como el tema de Vicentin, nuevos impuestos y otras decisiones que vienen afectando la capacidad de producción del agro argentino», disparó Pellegrina en medio de una negociación con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que según pudo saber Tiempo, está en pleno desarrollo. «No está cerrada y podría tener un desenlace positivo».

Tal como sucedió en noviembre de 2019, poco después de la victoria de Alberto Fernández en las últimas presidenciales (y antes de su asunción), los sectores más intransigentes del agro fueron los primeros en convocar movilizaciones «al costado de la ruta» para organizar a los productores autoconvocados. También fue planificada para presionar a las conducciones de la Mesa de Enlace ante la salida de Mauricio Macri del poder y canalizar el descontento de una parte de su electorado en las principales localidades del sector núcleo de la pampa húmeda, uno de los principales bastiones de la actual alianza opositora. La dinámica no fue en vano. Actualmente esos sectores acumulan más de un año de debates y coordinaciones para movilizarse cuando fuera necesario. Uno de ellos es el espacio «Campo Más Ciudad», que tuvo un rol muy activo en los reclamos «preventivos» de fines de 2019, ante un posible aumento de las retenciones a las exportaciones agrarias y ahora interviene con mayor fuerza.

«Si volvemos a la ruta no será con cortes de ruta sino con medidas informativas al costado como repartir folletos. No podemos asegurar que no habrá cortes definitivos en las rutas si no hay un acuerdo. Por ahora haremos acampes en cruces emblemáticos y asambleas permanentes en algunas localidades. Los cortes no están definidos todavía», explicaron a este diario desde esa organización, cuyo referente es  Sebastián Quiroga, vicepresidente de la Coalición Cívica-ARI en el departamento cordobés de San Javier.

En su entorno desvinculan la función partidaria con el papel que juega en Campo Más Ciudad (CMC), pero sus críticos más implacables lo vinculan con el exministro de Agroindustria de la era Macri y extitular de la SRA, Luis Miguel Etchevehere. En el espacio gremial agrario también niegan esa vinculación y adjudican el vínculo a las coincidencias que comparten distintos productores «en este momento del país».

Así como CMC busca expandir su referencia en el conflicto campero, los diputados de Juntos por el Cambio que intervienen en la provincia de Buenos Aires también hacen su juego. Es el caso del diputado nacional del PRO y empresario agropecuario Pablo Torello, junto a su colega santafesina de la Coalición Cívica, Lucila Lehman, y su consorte, el legislador bonaerense Luciano Bugallo, que también integra el partido que fundó Elisa Carrió y que también integra Quiroga.

La apuesta de los integrantes de Cambiemos va más allá de la pulseada por la comercialización del maíz. Si bien consideran la medida como «un error no forzado del oficialismo» como «parte del mal asesoramiento que recibe el presidente», también consideran que se trata de una decisión que es impulsada por el kirchnerismo, donde el ministro «Basterra no define». «En 15 años hemos puesto 180.000 millones de dólares solamente en concepto de retención. Es el momento de ver dónde ocurre esa gotera. No es Fernández, ni Macri ni CFK. Es un barril sin fondo que después terminamos cubriendo con parches como el impuesto a los ricos», explicaron desde ese espacio.  La discusión de fondo apuntará a reclamar el achicamiento del gasto del Estado antes de aumentar la recaudación y los impuestos para financiarlo.

El escenario internacional para el agro es distinto al año pasado. La tonelada de soja quedó esta semana cerca de los 500 dólares y en Cambiemos consideran que es el anticipo de otro conflicto fiscal. «Todo depende de la buena o mala praxis. Si hacen las cosas bien y aprovechan esta bocanada del precio de la soja posiblemente puede pasar algo bueno, pero si siguen equivocándose, será un nuevo 2008», vaticinan en Campo Más Ciudad para referirse a una reedición del conflicto por la Resolución 125 que dispuso Cristina Fernández en su primera presidencia para aumentar las retenciones.

La apuesta política apunta a capitalizar electoralmente el eventual malestar ante un fracaso de las negociaciones con el Gobierno, pero también incluye el interés de construir un «espacio pro campo» dentro del Congreso que sea transversal al oficialismo y la oposición. «Esto no es el 2008. Es mucho peor. Venimos de tres años de sequía y tenemos un desdoblamiento cambiario del dólar mucho más profundo, si hay conflicto, escalará mucho más rápido», vaticinan, casi en pie de guerra durante un año donde buena parte de esas tensiones se catalizarán en la próxima visita a las urnas.