La intención de María Eugenia Vidal de gobernar la provincia de Buenos Aires en estado de excepción sufrió un traspié: por presión de los trabajadores estatales los senadores de la oposición se negaron a tratar el proyecto que declaraba en Emergencia Administrativa y Tecnológica al distrito más grande del país. El freno vino de mano del gremio estatal ATE que advirtió que la iniciativa, además de permitir contrataciones sin licitaciones ni control, habilitaba a contratar personal por fuera de la ley para la administración pública bonaerense. El tratamiento del proyecto no llegó el jueves al recinto de la Cámara Alta de la Legislatura Bonaerense. El Frente para la Victoria (FPV), el Partido Justicialista (PJ) y el Frente Renovador (FR) coincidieron en no acompañar la medida y esa sintonía -a la que se suma el acompañamiento renovador al proyecto de emergencia ocupacional de Sergio Berni en provincia y el pedido de informe a Jorge Macri por su rol en el escándalo de Panamá Papers-, hirió el acuerdo entre Cambiemos y el massismo que le permitió a Vidal gobernar sin contratiempos.
La emergencia en la administración impone la figura de contrato de servicios que “quita la estabilidad que otorga la Ley 10.430 (que rige el trabajo en el Estado provincial), y además echa por tierra la posibilidad de pasar a planta permanente”, explicó a Tiempo el secretario general de ATE provincia, Oscar De Isasi.
El problema está en que la iniciativa establece el “Régimen de Contrato de Servicios”, avanza en la precarización del tipo de relación laboral y establece que “no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación laboral de dependencia”. 
En la práctica, el proyecto de Emergencia cierra el círculo con dos decretos de Vidal: el 230/2016 que otorgó poder a ministros y secretarios para contratar personal, disponer traslados y ampliar “suspensiones preventivas”; y el 248 que suspendió por un año “las designaciones de personal de planta permanente y de planta transitoria”. “Con el congelamiento de la planta la ley que propone el gobierno solo permitirá ingresos por los contratos autónomos”, aclaró De Isasi. Su implementación afectaría a unos 10 mil trabajadores temporario que, al finalizar sus contratos, deberían ser reincorporados por estos “contratos basura”.