El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, le dijo al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que si tiene que allanar la fiscalía de Carlos Stornelli vaya y lo haga él, que esa es su función. Lo hizo en respuesta al pedido de colaboración que le envió ayer Ramos Padilla, en una declamada intención de evitar un escándalo mediático y el aprovechamiento político de una causa muy sensible: el pedido de sobornos por parte de un abogado a un potencial involucrado en la causa de las fotocopias de los cuadernos, invocando el nombre del propio Stornelli.
Casal rechazó hoy el pedido del juez de Dolores. “No es función del Procurador General de la Nación realizar las medidas que ordena porque ellas son propias de las atribuciones de su jurisdicción y más aún cuando por la generalidad con que aparecen formuladas, su realización implicaría un grado de discrecionalidad, valoración y selección que son de exclusivo resorte del magistrado a cargo de la investigación”.
Las medidas que había “solicitado” Ramos Padilla no trascendieron. Pero el oficio del juez hablaba de “preservar” eventuales elementos de prueba. Cuando un juez necesita “preservar prueba” lo que hace es allanar el lugar en el que está esa prueba y llevársela. De hecho, eso es lo que está haciendo Ramos Padilla con el abogado Marcelo D’Alessio.
Casal anunció, no obstante, que “se brindará la colaboración necesaria a la investigación penal en la medida que ello no implique subrogarse en las facultades que son propias del juez”.
El escenario que se avecina es complejo desde el punto de vista institucional. Cuando el juez federal Julián Ercolini ordenó allanar la Procuración General de la Nación para obtener prueba que finalmente sirvió para que le dictara el procesamiento a la ex jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó un sector del Poder Judicial sintió que se habían avasallado investiduras de la democracia innecesariamente. Que la búsqueda de esa prueba se podía haber concretado de otra manera, sin utilizar una medida judicial para causar impacto mediático.
Ramos Padilla parecía querer evitar que se repitiera una imagen similar allanando la fiscalía de Stornelli. La respuesta del jefe de los fiscales no le deja mucho margen de maniobra. Pero, además, si finalmente allanara o enviara a una comisión a obtener los datos que necesita para su investigación, probablemente no encontrará nada.
El procurador Casal añadió un párrafo a su respuesta que parece un toreo al magistrado de Dolores: “Le solicito al señor Juez me haga saber si se ha requerido la imputación de algún funcionario de este Ministerio Público Fiscal de la Nación”. Dicho de otra manera: ¿Stornelli está acusado de algún delito?
El martes, mediante un oficio, Ramos Padilla le reclamó a Casal que “se sirva arbitrar los medios necesarios para llevar adelante las medidas que se consignan en el documento adjunto, tendientes a la averiguación de la verdad en torno al alcance de la vinculación o participación del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4 de la Capital Federal, Carlos Stornelli, sus empleados, funcionarios y colaboradores en los hechos materia de investigación».
Con otras palabras, la respuesta fue “arreglate vos”.
Casal rechazó hoy el pedido del juez de Dolores. “No es función del Procurador General de la Nación realizar las medidas que ordena porque ellas son propias de las atribuciones de su jurisdicción y más aún cuando por la generalidad con que aparecen formuladas, su realización implicaría un grado de discrecionalidad, valoración y selección que son de exclusivo resorte del magistrado a cargo de la investigación”.
Las medidas que había “solicitado” Ramos Padilla no trascendieron. Pero el oficio del juez hablaba de “preservar” eventuales elementos de prueba. Cuando un juez necesita “preservar prueba” lo que hace es allanar el lugar en el que está esa prueba y llevársela. De hecho, eso es lo que está haciendo Ramos Padilla con el abogado Marcelo D’Alessio.
Casal anunció, no obstante, que “se brindará la colaboración necesaria a la investigación penal en la medida que ello no implique subrogarse en las facultades que son propias del juez”.
El escenario que se avecina es complejo desde el punto de vista institucional. Cuando el juez federal Julián Ercolini ordenó allanar la Procuración General de la Nación para obtener prueba que finalmente sirvió para que le dictara el procesamiento a la ex jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó un sector del Poder Judicial sintió que se habían avasallado investiduras de la democracia innecesariamente. Que la búsqueda de esa prueba se podía haber concretado de otra manera, sin utilizar una medida judicial para causar impacto mediático.
Ramos Padilla parecía querer evitar que se repitiera una imagen similar allanando la fiscalía de Stornelli. La respuesta del jefe de los fiscales no le deja mucho margen de maniobra. Pero, además, si finalmente allanara o enviara a una comisión a obtener los datos que necesita para su investigación, probablemente no encontrará nada.
El procurador Casal añadió un párrafo a su respuesta que parece un toreo al magistrado de Dolores: “Le solicito al señor Juez me haga saber si se ha requerido la imputación de algún funcionario de este Ministerio Público Fiscal de la Nación”. Dicho de otra manera: ¿Stornelli está acusado de algún delito?
El martes, mediante un oficio, Ramos Padilla le reclamó a Casal que “se sirva arbitrar los medios necesarios para llevar adelante las medidas que se consignan en el documento adjunto, tendientes a la averiguación de la verdad en torno al alcance de la vinculación o participación del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4 de la Capital Federal, Carlos Stornelli, sus empleados, funcionarios y colaboradores en los hechos materia de investigación».
Con otras palabras, la respuesta fue “arreglate vos”.
