Por segundo año consecutivo en la administración Macri, el dinero del Estado destinado a la inteligencia volvió a crecer dentro del Presupuesto nacional. En 2018 se destinarán unos 5389 millones de pesos, un 18,3% más que este año y un 8% por sobre la inflación pautada para el próximo año. En tanto, mientras que las organizaciones anti represivas dan cuenta de la proliferación de agentes encubiertos que actúan en las manifestaciones, el gobierno se niega a brindar información sobre el manejo de los fondos, por lo que organizaciones defensoras de los derechos civiles tuvieron que recurrir a la Justicia.
El aumento de los fondos dedicados a hacer inteligencia pasará de 4555 millones de pesos presupuestados en 2017 a 5389 para 2018, una suma absoluta de 834 millones de pesos más. Según el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que proyecta «para 2018 una inflación promedio del 15,7%, consistente con las metas del Banco Central», la variación del presupuesto de inteligencia supera a la inflación. Es más, el porcentaje de aumento del dinero que manejará en gran parte el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, es superior al porcentaje del crecimiento del gasto primario del total del Presupuesto que, será del 14,8%, según Dujovne.
La plata destinada a la función Inteligencia representa el 0,2% del gasto para 2018. De esa partida, Arribas se lleva unos 2.178.680.000, el resto, un porcentaje menor, lo administrarán el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y su par de Seguridad Patricia Bullrich, cuyas carteras también tienen funciones de inteligencia.
Ya en el presupuesto del año en curso pasó lo mismo. El gasto total creció un 22%, mientras que los recursos destinados a la ex SIDE subieron un 24 por ciento.
Los fondos crecientes a manos del director de la AFI, el exnegociador de pases de jugadores de fútbol y amigo personal de Mauricio Macri, suscitaron la inquietud de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI). La organización presentó a fines de septiembre una acción judicial de amparo para que el Poder Judicial le ordene a la AFI que brinde la información solicitada el 13 junio y que Arribas se había negado a hacer pública bajo el argumento de que «está clasificada porque así lo dice la ley». Esta negativa se contrapone con la nueva ley que impulsó el propio gobierno nacional de acceso a la información pública que obliga a los tres poderes del Estado a brindar la información solicitada, y que también fue modificada por DNU.
Estas organizaciones, como el CELS y Vía Libre, le preguntaron a Arribas si existen acuerdos de intercambio de información de inteligencia entre la Argentina y otros países, cuál es el uso de los fondos reservados de la AFI, cómo están reguladas las categorías de desclasificación de seguridad de la información y cuál es el uso de interceptaciones telefónicas, las famosas pinchaduras del líneas.
Beatriz Busaniche, de Vía Libre, sostuvo a Tiempo que «este gobierno restauró el poder de los servicios a través de los fondos reservados. La última modificación a la ley de inteligencia, que crea la AFI, establecía que los fondos de los servicios de inteligencia deben ser públicos salvo excepcionalidad. Macri derogó esto por decreto ni bien asumió. No hay además un criterio sobre cuáles son las categorías de desclasificación en materia de seguridad y acceso y a la información».
Ahora, se espera la respuesta de la jueza Liliana Heiland, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 10. Ante la creciente protesta social, los agentes de seguridad no identificados se multiplicaron en las manifestaciones desde principios de año. La abogada de la Correpi María del Carmen Verdú explicó: «Nunca hemos visto tanta policía de civil en las manifestaciones como en esta etapa. Con este gobierno confesamente represor, en el que los funcionarios hacen gala de su autoritarismo a través de una defensa cerrada del aparato represivo, convocamos a las organizaciones a que extremen sus medidas de seguridad, a no desmovilizar sino todo lo contrario, a organizarse». «
Las comisiones que no pudieron frenar al Ejecutivo
Ni la inactiva Comisión bicameral de fiscalización de los organismos de inteligencia ni la de trámite legislativo, que controla los decretos de necesidad y urgencia, del Congreso pudieron ponerle un freno al Poder Ejecutivo en el manejo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La única vez que se reunió la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fue en febrero cuando el director de la AFI, Gustavo Arribas, tuvo que dar explicaciones por los fondos recibidos en sus cuentas en el exterior a raíz del escándalo de Odebrecht. Desde entonces, los pedidos de reunión a su presidente, el senador radical Juan Carlos Marino, son infructuosos. No nos podemos reunir y no es tanto por la inacción de la comisión sino por la decisión del presidente Mauricio Macri de seguir protegiendo a Arribas, se quejó una de sus integrantes Teresa García, del Frente para la Victoria. Eso traba la posibilidad de seguir con los otros temas como las denuncias de pinchaduras de las organizaciones sociales, sostuvo y adelantó y que elevará otra nota para pedir una vez más una reunión.
En tanto, esta semana se reunió la comisión de seguimiento de los DNU para debatir sobre la pertinencia del decreto que reglamentó el acceso a la información pública. Tras no lograr quórum, volverá a juntarse este miércoles. Su presidente, Marcos Cleri sostuvo en diálogo con Tiempo que no es la primera vez que Macri saca decretos para tener el control de la información: primero fue con el desguazamiento de la ley de comunicación audiovisual, luego con el que restauró el secreto de los fondos reservados de los servicios de inteligencia -con el que volvió para atrás con la reforma de la ley de que establecía que debían ser públicos-, después también a través de DNU pasó las escuchas a la oficina de la Corte Suprema de la Nación, y ahora con el mismo mecanismo pasó el organismo de información pública y habeas data a la órbita de jefatura de Gabinete.
