El Poder Judicial acompañará al Ejecutivo hasta el final de la pandemia. Eso significa que en los tribunales sólo se moverán los expedientes que se puedan activar por vía remota. Pero la Corte Suprema no está dispuesta a concentrar a centenares de personas en un puñado de edificios en diez cuadras de la Capital Federal.
El Ejecutivo es reconocido como la “autoridad sanitaria”, y si la decisión es prolongar el parate en pos de la salud pública, el Poder Judicial está dispuesto a transitar ese camino. Entre otras consecuencias, la decisión implica que con excepción de planteos de excarcelación, las causas penales más importantes en trámite estarán durante ese lapso prácticamente inmóviles.
De hecho, días atrás un tribunal oral federal notificó a todas las partes que está readecuando las previsiones para el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, cuyo inicio está (estaba) previsto para el 5 de mayo.
La decisión de prolongar el estado de letanía no fue fácil. Días atrás el máximo tribunal discutió sobre la base de varios borradores cómo continuar en el escenario de pandemia. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, propuso una alternativa que por un lado mantenía una suerte de feria virtual, pero por el otro conminaba a quienes pudieran volver al trabajo a hacerlo, tomando precauciones.
Rosenkrantz impulsaba la declaración de días inhábiles desde el 13 de abril hasta cuando el gobierno decidiera flexibilizar el aislamiento, suspendiendo el curso de los plazos procesales y de caducidad de instancia. Tampoco habría en ese período atención al público salvo en casos excepcionales.
Pero en una suerte de funcionamiento a media máquina, ese borrador establecía la concurrencia prioritaria de magistrados y funcionarios a sus lugares de trabajo, cumpliendo “todas las medidas de prevención e higiene, aconsejadas por la autoridad sanitaria nacional”, más la asignación de amplias facultades para “adoptar las medidas pertinentes”.
En esa línea se anotó la marplatense Marina Sánchez Herrero, consejera de la Magistratura en representación de los abogados del interior, quien le propuso al presidente de ese cuerpo, el juez Alberto Lugones, “la reanudación del funcionamiento pleno del servicio de Justicia”. Y afirmó que mantener el estado de parálisis generará “consecuencias mucho más gravosas para la sociedad en su conjunto”.
La iniciativa no prosperó.
La decisión fue acompañar al Ejecutivo, pese a cierta conducta del presidente, Alberto Fernández, que calificaron de “errática”. Tanto es así, que en algún sector de la Corte llaman al jefe del Estado, en la intimidad, “Memento”, en alusión al protagonista de una vieja película cuya característica principal era la pérdida de la memoria de corto plazo.
Desde afuera de la Corte también arrecian críticas: “En vez de ser la cabeza de uno de los poderes constituidos del Estado es el furgón de cola del Ejecutivo”.
Hay una situación de hecho que hubiera causado el fracaso de un eventual levantamiento de la feria judicial: aproximadamente el 60 por ciento de los judiciales (incluidos los de alta jerarquía) no habrían vuelto a sus puestos. Entre mayores de 60, pacientes de enfermedades crónicas, embarazadas, madres de niños pequeños o en edad escolar, seis de cada diez habrían quedado exceptuados de regresar a sus funciones.
La virtual prolongación de la feria judicial, en cambio, fue sostenida por dos sectores vitales en el aparato respiratorio de la Justicia.
Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, su referente, Jorge Rizzo, consiguió que las causas que ocupan a los letrados de a pie, esos que no salen en los medios de comunicación pero se ganan su sustento día a día, tengan continuidad en sus expedientes y puedan seguir percibiendo sus ingresos de carácter esencialmente alimentarios.
Ese sector de la abogacía tiene un respiro. Cuando el agua comenzaba a llegar hasta el cuello, la gestión de la entidad abrió una exclusa que descomprimió la situación, que comenzaba a ser más que angustiante.
El otro sector es el de los trabajadores, en gran parte representados por el histórico secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, pero tambien por el más reciente Sitraju.
La trágica muerte por coronavirus del abuelo del futbolista Walter Montillo estableció de momento un punto de no retorno. A sus 91 años, Walter Oscar Montillo (un entrañable viejito con su vida ligada al Palacio de Tribunales, donde era querido por todos y mucho, muchísimo más popular que su nieto) trabajó en la Corte hasta el 19 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Testigos cuentan que Piumato estaba tan acongojado y enojado que llegó a proponer a los jueces de la Corte que “directamente cerraran los tribunales”.
