El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura impugnó el pliego elevado por la gobernadora María Eugenia Vidal por el cual Francisco Pont Vergés, la mano derecha del Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, pretende recalar como juez de Cámara de Casación Penal, el máximo órgano revisor de la provincia de Buenos Aires.
El presidente del Comité, Juan Manuel Irrazabal, impugnó la presentación de Pont Vergés a través de una carta dirigida a Daniel Salvador, vicegobernador y presidente del Senado bonaerense, en cuyo recinto se tratará el pliego del funcionario que responde al procurador.
Desde el organismo de Derechos Humanos se evocó a una causa que tramita en la Corte Suprema Bonaerense, en donde el presidente Eduardo de Lazzari solicitó que tanto Pont Vergés y su jefe Conte Grand se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos que velan por los derechos de las personas detenidas.
Irrazabal hizo referencia al caso de una mujer trans peruana que habría sido víctima de torturas por parte de un grupo de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. El comité estableció que la joven, de 36 años y portadora de HIV, fue sometida a diferentes vejámenes y confinada a un régimen de aislamiento, tras los cual su estado de salud general se deterioró.
En marzo, la mujer debió ser trasladada de urgencia al hospital San Martín de La Plata, donde se le diagnosticó un “abseso epidural por tuberculosis”, por lo que quedó paralítica y sin control de esfínteres. Por esta razón deberá desplazarse en silla de ruedas de manera permanente, utilizar pañales y llevar una sonda urinaria.
La nota del Comité recuerda que el procurador estaba al tanto de la situación, pero lejos de desentrañar qué agentes protagonizaron los malos tratos, activó desde la Procuración una persecución contra Mario Coriolano, el defensor de Casación Penal e integrante del Comité contra la Tortura, quien había llegado a entrevistar a la víctima en compañía de una periodista, con el fin de conseguir algún beneficio para la detenida.
Primero, el titular del Servicio Penitenciario, Xavier Areses, denunció a Coriolano porque había entrevistado a la mujer sin autorización. El expediente fue abierto en la Secretaría de Política Criminal de la Corte, pero no prosperó. Sin embargo, Pont Vergés retomó el caso y buscó la manera de sancionarlo y presionó a la Fiscalía General de La Plata para que le inicie una denuncia penal. Finalmente, la Corte frenó la avanzada del ala macrista de la justicia y a través de De Lázzari le pidió a Conte Grand detalles de las denuncias contra el Servicio Penitenciario por el caso de la mujer trans.
Pont Vergés, hombre de Ferrari y Conte Grand
A mediados de 2017, Pont Vergés renunció a su cargo de juez en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de San Martín para asumir al frente de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración. Así, se convertía en el número 2 de Conte Grand, quien en diciembre de 2016 había dejado de ser el Secretario de Legal y Técnica de Vidal para pasar a ser el jefe de los fiscales y defensores de toda provincia.
Pont Vergés había hecho mérito para ganarse un espacio al lado de Conte Grand, quien por esos días era el tesorero de la ONG “Unidos por la Justicia”, fundada por Francisco De Narváez y Gustavo Ferrari, ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli y actual ministro de Justicia de Vidal.
Con los días contados, la gobernadora envió al Senado bonaerense 42 pliegos para que se designen jueces, fiscales y defensores. Entre esos espacios a cubrir, hay dos para Casación. Desde la oposición, señalaron que Vidal realizó esta maniobra para garantizar impunidad en caso de tener que entregar el poder. Por su parte, desde el oficialismo sostuvieron que los pliegos fueron presentados antes de la realización de las PASO. Lo cierto es que hoy el macrismo cuenta con 29 de los 46 senadores bonaerenses y que con mayoría simple, los funcionarios judiciales serán nombrados.
