Alguna vez, gobiernos de la región se juntaron para imaginar políticas en común para el desarrollo de sus países y beneficio de sus pueblos. Un ciclo que parece repetirse cada tanto, cuando se alinean los liderazgos populares y el electorado los fortalece con su voto. Lo del Plan Cóndor fue una coincidencia de gobiernos, de decisiones y de intereses. Pero no tuvo nada que ver con favorecer al pueblo. Fue en cambio un plan regional para someterlo y dominarlo mediante la eliminación de las disidencias y el sembrar terror con detenciones, desapariciones y torturas. Un plan pergeñado para apuntalar la orquesta criminal de las dictaduras, subordinadas a los intereses geopolíticos que se tejían muy al norte del Cono Sur.
El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de los distintos países. Un documento da cuenta de su fundación, el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, firmada por representantes de Inteligencia de la Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Aunque entonces ningún representante de Brasil firmó ese primer acuerdo, fue comprobado luego que fue parte sistemática de esa operación. La Argentina fue pionera en juzgar y condenar a sus jerarcas. Pero eso sería recién en 2016.
«Entre mediados de los años ’70 y principios de los ’80, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) de Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, se desarrolló la Operación Cóndor, nombre asignado a un proyecto de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur», apunta Stella Calloni en la introducción del libro Operación Cóndor: 40 años después, publicado en 2015 por el Ministerio de Justicia y auspiciado por el Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos y la Unesco.
El informe «Plan Cóndor. Una asociación ilícita para la desaparición forzada de personas» del Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) enumera las distintas fases orquestadas en la operación: «En la primera, se creó una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan; en la segunda, se identificó y atacó a los considerados ‘enemigos’ políticos a nivel regional; en la tercera y última, se realizaron operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa».
El informe advierte que «la documentación desclasificada disponible muestra que varias agencias del gobierno de Estados Unidos tuvieron un temprano conocimiento de los alcances de la coordinación represiva y no hicieron demasiados esfuerzos para detenerla hasta que pasó a la tercera fase, que resultó la más problemática porque ya no se podían mantener bajo sigilo las operaciones».
El CELS, que fue parte de la querella que inició el proceso allá por 1996, confirma que se pudo probar en las audiencias que los imputados, todos exmilitares, «integraron una asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de 105 personas, entre otros delitos, y que fueron responsables de las privaciones ilegales de la libertad por las que fueron acusados». La causa incluyó las detenciones y tormentos padecidos por detenidos durante sus cautiverios en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti, considerado base operativa del Plan Cóndor.
Pero además de las desapariciones comprobadas, y las que no se pudieron adjudicar con pruebas, pero que se presume que también ocurrieron en ese marco (en el expediente se aportaron 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) hubo otras numerosas violaciones que no terminaron en muerte o desaparición, pero tuvieron sus víctimas, tal como se puede observar en el «mapa Cóndor» del sitio plancondor.org, donde se ubica cada uno de los crímenes cometidos contra cerca de un millar de personas.
En un proceso histórico, que luego se repitió en otros países, la Argentina fue pionera en demostrar en un juicio que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita conjunta y regional. «Esta trama permitió dar cuenta de la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia», explica el CELS. «Por muchos motivos se trata de un juicio con características particulares y de suma importancia regional: el cúmulo documental, las cientos de declaraciones de testigos en forma presencial y por videoconferencia desde sus países de residencia. Además del universo alcanzado de personas que resultaron víctimas entre las que se encuentran militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de distintas nacionalidades».
El fallo del Tribunal Oral Federal N°1 condenó a la pena de 25 años a Santiago Omar Riveros y al exmilitar uruguayo extraditado a la Argentina para este juicio, Manuel Juan Cordero Piacentini. A 20 años a Reynaldo Benito Bignone y a Rodolfo Emilio Feroglio. A la pena de 18 años a Humberto José Ramón Lobaiza. A Antonio Vañek, Eugenio Guañabens Perelló y Enrique Braulio Olea los condenó a 13 años de prisión. A 12 años a Luis Sadi Pepa, Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel Delío, Felipe Jorge Alespeiti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Federico Antonio Minicucci fue condenado a ocho años. También condenó a Miguel Ángel Furci, exagente de Inteligencia, a 25 años de prisión por ser coautor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti. En septiembre de 2018, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes las condenas.
Los gobiernos dictatoriales de Videla y Bignone, de Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner, Hugo Banzer, Juan María Bordaberry y Ernesto Geisel unificaron en aquellos años sus planes criminales para aplicar a sangre y fuego unas directivas políticas y económicas funcionales a un poder insaciable y en permanente acecho del pueblo y sus derechos. Como diría muchos años después el exjuez español Baltasar Garzón, reconocido por sus procesos contra los crímenes del franquismo y los que inició contra los dictadores de Argentina y Chile a partir de 1996, basado en el principio de jurisdicción universal, aquellos fueron «pactos de agresión y difusión de doctrinas de seguridad nacional que suponían la violación consciente de los Derechos Humanos de miles de personas».
Una «contracara diabólica», en palabras de Garzón, de aquel «sueño de la Patria Grande latinoamericana, acuñado por Bolívar, San Martín, Belgrano y Güemes».«
