En el marco de la segunda reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados este jueves se analizaron los 14 pedidos de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de la Nación. Entre ellos, los presentados por legisladores de la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti. La posición de la Coalición Cívica evidenció las divisiones al interior del principal bloque de la oposición.  

En ese sentido, la primera exposición fue la de la diputada Paula Oliveto, quien se refirió a la denuncia presentada en 2017 por la ex diputada Elisa Carrió contra el ministro de la Corte. Oliveto recordó que en ese momento el presidente de la Nación era Mauricio Macri y que el espacio de Juntos por el Cambio no acompañó la presentación.  

“No nos movió entonces ningún interés en particular. No hubo un interés de presionar a la Corte”, remarcó Oliveto y expresó que Lorenzetti “no cumplía con la idoneidad moral ni con un desempeño eficiente en sus funciones con las buenas prácticas y de transparencia”. 

 “Su patrimonio es opaco”, señaló y diferenció la postura de su sector con la actual del oficialismo, marcando especialmente críticas hacia lo expresado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Justicia Martín Soria, respecto de este pedido de enjuiciamiento: “No comparto que se haga a todos los miembros de la Corte ni las declaraciones de que esto es apoyado por la mayoría de los gobernadores”, afirmó. 

En cuanto a los causales que motivaron el pedido de juicio político, Oliveto indicó que “con más de 10 años a cargo de la Corte Suprema Lorenzetti se convirtió en un hombre poderoso, temido, con influencia insospechada no sólo dentro del tribunal sino también fuera”. 

En ese sentido, enumeró irregularidades administrativas en el manejo de los fondos presupuestarios a su cargo. Fue articulador de una matriz de negocios, q condiciono el accionar del Consejo de la Magistratura. 

Finalmente, Oliveto acusó al juez por el “manejo discrecional de los bienes decomisados” y su “resistencia para que esos bienes tengan una finalidad social”. “No es fácil hablar de Lorenzetti, tiene unos tentáculos que nosotros ni nos imaginamos”, enfatizó y expresó: “Sabemos que muchas veces cuando uno toca a esta persona, eso tiene vuelto”. Pero ratificó su convicción de que “mi liderazgo y mi partido no tienen precio». 

Dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, ni los legisladores del PRO ni los del radicalismo emitieron apoyo alguno al posicionamiento de la Coalición Cívica. Se sabe que prefieren mantenerse al margen. Oliveto agradeció a sus pares por haber respetado esta postura de la CC a lo largo de los años.

Por último apuntó al oficialismo: “No voy a acompañar muchas de las causales que están propiciando, porque entiendo que tienen una dirección que no es a los efectos de mejorar la Corte, sino de mejorar la posición de un Gobierno cuando un fallo le es adverso, pero respeto el derecho de un legislador en defender sus ideas y plantear sus disidencias en este ámbito, que es la casa de la democracia”.  

Polémica presencia libertaria 

A lo largo de la reunión expusieron otros denunciantes, entre ellos víctimas de la dictadura militar, por lo que se vivió un momento tenso cuando ingresó a la sala la diputada Victoria Villarruel, compañera de bloque del libertario Javier Milei, junto a su asesor Cinto Courtaux, hijo de Marcelo Cinto Courtaux, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. La presencia de Villarruel –que no integra la comisión de Juicio político- fue advertida por el oficialista Rodolfo Tailhade. En la sala estaban presentes la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien se refirió al mal desempeño de todos los magistrados de la Corte. 

“Estoy de acuerdo en todo lo presentado. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora está participando porque este juicio era imprescindible”, expresó Cortiñas, y agregó: “Estaremos juntos para impulsar los proyectos que más convengan para llegar al juicio. Si estos jueces tuvieran un mínimo de dignidad, estarían renunciando”. 

La comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard se volverá a reunir el próximo jueves 9 de febrero para votar la admisibilidad de los expedientes que se presentaron.