El Parlamento del Mercosur aprobó una iniciativa que propone la revisión de casos de aplicación del derecho penal donde se pueda percibir que fueron violadas las garantías constitucionales o se detecte falta de imparcialidad judicial por razones políticas o ideológicas, lo que se conoce como Lawfare, dentro del ámbito de los Estados del Mercosur.
Con la firma del presidente del Parlasur, el parlamentario paraguayo Tomas Bittar, y del secretario, Edgar Lugo, la Propuesta de Declaración sobre Legislación señala que “el Lawfare funcionó en la región como un mecanismo de persecución judicial y mediática implementado por los gobiernos de derecha para perseguir opositores y exponerlos al escarnio público”
El texto presentado en el marco de la LXXX Sesión Ordinaria del Parlasur define como Lawfare a “una Guerra jurídica (…) que refiere a un uso del sistema judicial con la intención de dañar a un oponente político o ideológico” y que la aplicación de procedimientos jurídicos como arma de guerra y elegido el oponente social o político, esos mecanismos «son utilizados por agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos”.
La declaración tuvo el impulso fundamental del Presidente de la Comisión de Ciudadanía y DDHH, el parlamentario argentino Gastón Harispe, quién durante la sesión manifestó que “la región tiene casos notorios sobre la utilización de ese tipo de expediente. Por eso hemos redactado un proyecto aplicable y asequible en cada uno de nuestros países, en el cual nos han asesorado legistas muy importantes de nuestra región como Eduardo Barcesat de la Argentina o Carol Proner de Brasil.”
La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría del recinto, entre ellos el parlamentario brasileño Fabiano Contarato quien manifestó su apoyo a la medida expresando que “el Lawfare viola a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cuando un juez viola el principio de la imparcialidad, es un hecho muy grave».
El texto determina las condiciones para que se acepte la revisión de una sentencia que no está firme y determina que corresponde “en todo tiempo y unicamente a favor del imputado”. Entre las condiciones se habla de una limitación a alguna de las garantías constitucionales, contradicciones con relación a doctrinas o decisiones anteriores en casos similares, o que no se respeten “los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos respecto del articulo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El documento culmina declarando de interés la propuesta de legislación que propone la revisión de los casos de Lawfare, una herramienta demasiado conocida por estos lares.
