Hemos utilizado esta frase gracias a un encuentro casual. Un vecino de Pompeya, durante el 127 cumpleaños del barrio, primer festejo del barrio a orillas del Riachuelo, la dejo caer en la conversación. «El paisaje emergente» era una visión de alguien que empezaba a ver con esperanza algo que estaba ocurriendo en un lugar en el cual durante años solo se posó el abandono.
En estos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA (Plan Integral de Saneamiento Ambiental), que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición ambiental de la cuenca, y con la creación de la ACUMAR, a cargo de su cumplimiento.
Mucha población de la CMR se benefició con la creación de ACUMAR, decreto de Néstor Kirchner del año 2006 y del «Fallo Mendoza» del 2008, cuando la Corte tomó las riendas de algo siempre difícil de resolver.
La gestión de la recuperación ambiental más emblemática del país se puso en escena entonces. El famoso fallo oficio fue como un faro para ser guía de otras cuencas, también aquejadas por la contaminación y el abandono.
Dicha gestión no ha sido sencilla, nunca. La construcción de una idea de Cuenca en una extensión tan grande fue todo un desafío. Se debían articular políticas públicas en 14 municipios, la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires. Toda una paleta de colores políticos con sus matices de gestión e intereses estaba expuesta. Una gran cantidad de actores sociales, organizados en distintas representaciones sociales, generaba un arco de incumbencias muy difícil de articular y satisfacer.
La gestión de ACUMAR fue también una novedad a partir del fallo. Un organismo público debía cumplir una condena y era monitoreado por la Justicia. Toda una modalidad compleja más, a resolver también.
Para todo eso hubo que armar una organización (desde el estado y la Corte) que pudiera contener y transformar demandas, planificar proyectos de forma efectiva y eficiente, para recomponer el ambiente (agua, aire y tierra) y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción, como ordeno la Corte.
Tenemos claro que ninguna cuenca se recupera rápidamente, menos en 1000 días; fatídica declaración que marco para siempre la idea de recuperación de esta cuenca en aquellos años 90. Un sonsonete que sirvió de martirio para todas las gestiones, pues muchas veces la malicia comunicacional quería que ese fuera el parámetro, generando angustia y desinformación en la población.
Todos los ríos recuperados del mundo; sobre todo, los europeos, han llevado procesos largos, acompañados por economías estables y políticas públicas más fuertes y robustas que las nuestras.
Se realizaron muchísimos avances. ACUMAR sigue teniendo un plan y un rumbo definido de lo que hay que hacer. Pero los que trabajamos hace muchos años con estos temas sabemos que aún falta bastante para cumplir y encaminar definitivamente, la sentencia.
Por eso, pensar en mantener los avances realizados, en las distintas intervenciones hechas, los logros en vivienda, limpieza de basurales, salud, de control industrial, vialidad, patrimonio, recuperación ambiental y paisajística, navegabilidad y una mega obra destinada a cloacas, debe ser un norte al que aún, nadie debería renunciar y seguir profundizando. Y eso es lo que queda tecleando.
La realidad de nuestra cuenca aun requiere de una tutela de la Justicia porque el péndulo en el que se ciernen las políticas públicas de la Argentina es algo absolutamente destructivo. Lo hemos visto durante el Gobierno de Mauricio Macri. Después, hemos podido llevar a adelante una gestión con Martín Sabbatella al frente del organismo, donde avanzamos mucho y fue sobre esos informes de gestión que la Corte tomó esta decisión.
Que se hayan logrado avances implicaría un rol de control hoy, pero vinculado a que no se vuelva hacia atrás y se siga persiguiendo el futuro. Para pensar en esto, solo nos remitimos a distintas pruebas elocuentes como el despido masivo de trabajadores de ACUMAR, ocurrido y en ciernes. Basta también recorrer la cuenca y volver a sentir olores, que solo tienen que ver con la falta de control, la detención de la obra para cloacas y toda la obra pública de este saneamiento, incluyendo viviendas.
Ya el actual Presidente de la Nación sentenció, en sus diatribas, cuando dijo en actuación socarrona que una empresa podía contaminar un río, por la abundancia de agua. Por lo tanto, un río contaminado se transformaba en un negocio para los privados, ya que el agua limpia al pasar a ser escaza aumentaría su valor y eso atraería capitales para su recuperación. Los 200 años de contaminación demuestran lo inverso de ese débil e ignorante razonamiento. Ante un Gobierno que niega el cambio climático y los temas ambientales explícitamente, la Corte debería haber sostenido un mayor nivel de control y cuidado por un tiempo más.
Durante el neoliberalismo de los 90, se gestó el desastre ambiental en el Polo petroquímico de Dock Sud (hoy erradicado), que dio origen a esta causa y la intervención de la Corte. Hoy, con la restauración a ultranza y la reivindicación de ese nefasto periodo, se vuelve a abandonar y exponer a esta cuenca.
ACUMAR no es un lugar fácil para los funcionarios que quieren hacer su tarea correctamente. La población de la cuenca acompaña, pero es sumamente exigente, insistente y dura en sus demandas; algo comprensible, cuando se truncan las esperanzas. Por eso, esta decisión solo abona al descreimiento generalizado y a seguir infringiendo dolor y crueldad en aquellos y aquellas que solo son vistos como material de descarte; allí, junto a las aguas del Matanza/Riachuelo.