Los fideicomisos constituidos por la empresa Caputo Hnos., propiedad de familiares de los exfuncionarios de Cambiemos Nicolás “Nicky” Caputo y Luis “Toto” Caputo, a través de los cuales se canalizaron entre 5,5 y ocho millones de pesos para la carpintería de un referente de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, no están registrados en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Según la legislación vigente, los formatos económico – financieros del tipo de los fideicomisos deben estar inscriptos y bajo control del Registro Público de Comercio, que depende de la IGJ. Los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo, de cuya existencia la IGJ está anoticiada, fueron intimados desde 2020 por el organismo a cargo del abogado Ricardo Nissen, pero nunca regularizaron su situación.

De esos fondos fiduciarios salió el dinero que pasó por las manos de Jonathan Ezequiel Morel, uno de los detenidos por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi, para la fabricación de muebles en una carpintería que es menos que una Pyme en la localidad bonaerense de Boulogne para un emprendimiento inmobiliario en la zona de Vaca Muerta, provincia de Neuquén.

Morel conocía, aún no está claro en qué contexto y circunstancia, a Rossana Pía Caputo, hermana de «Toto». Morel no fabricó los muebles, según reconoció su abogado, Tomás Fraga, quien describió a su cliente como una suerte de gestor de negocios, alguien que “le solucionaba todos los problemas” a Rossana. “Conoce gente del rubro”. Así, recibía pagos millonarios del fideicomiso y subcontrataba carpinterías, fletes y otros servicios.

La curiosa operación consistía en que una constructora activa en Neuquén le encargaba a un referente de un grupo de ultraderecha que propone “matar kirchneristas” la contratación de otra carpintería, diferente de la que él es dueño, para que fabricara en la Provincia de Buenos Aires muebles con destino a un complejo en la zona petrolera de mayor potencial. Los costos de ese mecanismo son muchísimo más altos que contratar a una carpintería de Neuquén, sin intermediarios, para el mismo trabajo. Cuesta entender cómo haciendo operaciones de esta naturaleza, Caputo Hnos. no haya quebrado.

“Es su dinero y hace con él lo que quiera”. Error: no es “su” dinero. Es un fondo fiduciario, que administra bienes que pueden ser o no de los Caputo. Y esas operaciones están sujetas a controles administrativos y, ahora también, judiciales. Por eso el jueves fueron allanadas las oficinas de Caputo Hnos.

¿Qué es un fideicomiso? Una herramienta jurídica mediante la cual se traspasa la titularidad de activos para que sean administrados por otra persona con un fin determinado, en este caso un supuesto proyecto inmobiliario. Facilita, en ese contexto, preservar los patrimonios familiares. Cualquier reclamación no podrá ser contra los Caputo sino contra el fideicomiso, que tiene sus obligaciones reguladas por ley. Aun cuando no cumpla con ella.

Cuando a fines del año pasado comenzaron a fluir los pagos hacia la carpintería de Morel -en la que participaba Leonardo Franco Sosa (según Morel, el verdadero líder de Revolución Federal)-, los fideicomisos estaban en una situación legal que rozaba (acaso traspasaba) la frontera de la ilegalidad.

Caputo Hnos. aprovechó una suerte de articulación de medidas adoptadas a nivel nacional y de la Ciudad de Buenos Aires cuando estaban bajo administración de la fuerza política a la que pertenecen Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que fueron presentadas con una simplificación de trámites registrales y eliminación de trabas burocráticas. La declamación propagandística “vas a poder tener tu empresa en 24 horas” se extendió a los fideicomisos.

Esa zona gris que, bajo una generosa interpretación, permitía eludir la inscripción ante la IGJ tuvo vigencia hasta que el 7 de octubre de 2014 fue promulgada la ley que creó el nuevo Código Civil y Comercial Federal que reglamenta –entre otras muchas figuras- los fideicomisos. Se trata de una ley nacional; por lo tanto, prevalente sobre normas y disposiciones de alcance local.

Valga la comparación para una mejor comprensión: el Código Penal, que también es una ley nacional, establece que el homicidio simple tiene una pena de ocho a 25 años de prisión. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no podría promulgar una ley local que dijera que el homicidio simple tiene una pena de seis a 12 o de 10 a 40 años. Una ley local no puede contradecir, reinterpretar o suplantar a una nacional. Es un principio constitucional básico.

En la Capital Federal existe un “Registro Público de Contratos de Fideicomisos”. El trámite es realmente simple, cuesta sólo 36.100 pesos y puede realizarse sin moverse de una computadora, mediante el sistema de Tramitación a Distancia (TAD). Cualquier escribano puede hacerlo.

Allí están registrados los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo. Detrás de una puerta blindada -por ahora- al control de la IGJ.

So pretexto de la transparencia, los fideicomisos (sobre todo los que no se someten a la ley vigente) son también una puerta de ingreso a la opacidad.

Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita buscan saber si esa opacidad, además, contribuyó a los discursos de odio que terminaron con un arma a diez centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. «