Tras el respaldo de al menos doce gobernadores, el presidente Alberto Fernández enviará este miércoles el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de la Nación a la Cámara de Diputados. Una vez que ingrese el proyecto deberá ser girado por la titular del cuerpo legislativo, Cecilia Moreau, a la Comisión de Juicio Político que preside la oficialista Carolina Gaillard. 

Debido a que el Congreso está en receso, para que funcione el tratamiento del pedido de juicio político tiene que ser el Poder Ejecutivo quien, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, debe convocar a sesiones extraordinarias y fijar un temario en el que incluya el proyecto.  

La Comisión que lidera la diputada entrerriana tiene como competencia investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la Constitución y los previstos en la ley 24.946 y en las quejas o denuncias que contra ellos que se presenten en la Cámara.  Si la Comisión considera admisible el pedido deberá poner en marcha un sumario de investigación tomando las medidas del caso, incluida la declaración del imputado. Una vez que se concluye la investigación hace falta la emisión de un dictamen, que se aprueba por mayoría simple, para que se inicie el juicio o se desestime. 

La composición actual de la comisión es de 31 diputados y el oficialismo cuenta con la mayoría -16 legisladores en total- por lo que el dictamen no será complejo de firmarse.  Juntos por el Cambio no respalda el proyecto y tiene 14 representantes. También integra la Comisión Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque Federal, también en contra del pedido, pero el número no alcanza para bloquear el trámite. 

Cabe destacar que el proyecto no fue firmado por los gobernares peronistas Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Uñac (San Juan). Sin embargo, tanto la entrerriana Gaillard como el sanjuanino José Luis Gioja, que integran la Comisión, y pertenecen a esas provincias, firmarán el dictamen de respaldo. 

La única vez que la Comisión mantuvo un encuentro fue para su constitución el 24 de mayo del 2022.

Si el proyecto lograra sortear el paso del dictamen, la Cámara Baja elige a uno o dos diputados que serían los encargados de presentar la acusación ante el Senado. Pero para poder generar la acusación, la iniciativa necesita dos tercios de la Cámara Baja. Acá comienzan las dificultades para el oficialismo porque en principio no tiene ese número.